CATALUÑA. LA ANC RETA AL GOBIERNO A DECIR LO “INCONFESABLE” QUE HARÁ CUANDO SE ROMPAN LOS PRECINTOS

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) considera que el Gobierno central esconde “algo más inconfesable” que precintar los colegios electorales el día del referéndum, puesto que “todo el mundo tiene unas tijeras en casa” con las que romperlos, por lo que sospecha que en Moncloa planean otras medidas “que seguramente no se atreven a contar por lo que la opinión internacional pueda pensar”.
Así lo comentó a Servimedia un portavoz oficial de la ANC, quien se refirió a la “artillería” que, según lo publicado en ciertos medios de comunicación citando fuentes de Moncloa, está comenzando a sacar el Gobierno español ante el referéndum de independencia que planea convocar el Ejecutivo catalán.
Según se ha publicado, el Ejecutivo central tendría previsto precintar los colegios electorales, o bien asumir el control de los Mossos d’Esquadra o el de la Consejería de Educación.
Para las fuentes citadas de la ANC, ésta es “una artillería más dialéctica que real, porque unos esparadrapos alrededor de los colegios electorales no tienen por qué parar ningún proceso electoral”, dado que “todo el mundo tiene unas tijeras en casa”. Por eso, sospechan que “seguramente eso esconde algo más inconfesable que no se atreven a contar por lo que la opinión internacional pudiera pensar de ellos”.
En cualquier caso, esta asociación independentista cree que “hay una cierta intimidación” en que el Gobierno central deslice estas actuaciones para evitar el referéndum.
Respecto al posible control de los Mossos por el Gobierno central, el portavoz oficial de la ANC advirtió de que hay “muchos” agentes de la Policía autonómica que son socios de esta asociación, por lo que retó al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a “que lo intenten y a ver qué pasa”.
Según su planteamiento, que aseguró que también es el de los agentes que son socios de la ANC, los mossos se deben a una legalidad, pero esa legalidad puede cambiar con las leyes de desconexión que prepara el Parlamento catalán, y, si el Gobierno central las impugna, cada mosso tendrá que decidir a qué legalidad se suma.
“Está claro que se va a someter a un estrés importante a los funcionarios de la Administración catalana”, reconoció, “pero también de la Administración estatal en Cataluña”.