EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEBATE MAÑANA SI COMIENZA EL TRÁMITE PARA DEROGAR PARTE DE LA 'LEY MORDAZA'

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes si comienza a tramitar dos proposiciones no de ley que reclaman derogar partes de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.
Los autores de las iniciativas, el PSOE y el PNV, confían en conseguir los apoyos suficientes para que el Pleno tome en consideración las proposiciones, de forma que comenzarían a tramitarse y su aprobación final implicaría la reforma de esa ley.
Los socialistas recuerdan que el Congreso de los Diputados ya aprobó por mayoría una moción que instaba al Gobierno a derogar la ley y a sustituirla por una normativa "más respetuosa" con los derechos y libertades fundamentales, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de las conductas que atenten efectivamente contra la seguridad ciudadana, un mandato que el Ejecutivo no ha cumplido.
La iniciativa del PSOE propone derogar las modificaciones que esa ley introdujo en la de Extranjería para permitir las llamadas "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla.
Pretende también echar abajo, entre otros preceptos, la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones, la sanción por concentraciones ante las Cámaras legislativas cuando no están reunidas, las previstas por utilizar imágenes de autoridades o miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de esas imágenes, la consideración de infracción de la ocupación de la vía pública o de una vivienda o inmuebles ajenos durante una protesta y los registros personales en lugares públicos.
Además, la iniciativa del PSOE introduce las previsiones en materia de DNI electrónico e incluye algunas conductas infractoras nuevas, como la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte o la intrusión en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos cuando produzcan interferencia grave.
Introduce también mayores garantías en relación con las diligencias de identificación de personas, la reducción de la multa en un 50% en el caso de que no se presenten alegaciones a la propuesta de sanción, la actualización de las denominaciones de las autoridades competentes o la mención de las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad.
La proposición del PNV busca, según su exposición de motivos, recuperar el "principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga".
Por ejemplo, reclama dar un "tratamiento no infractor" a las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante, y que no incurran en los supuestos contrarios recogidos en la ley reguladora del derecho de reunión.
El PNV subraya el principio de proporcionalidad, en relación con el de intervención mínima y el de subsidiariedad, lo cual implica "reservar la potestad punitiva, primero a la dimensión penal y luego a la sancionadora cuando no haya otros medios para proteger esos bienes jurídicos con igual efectividad", garantizando en ambos casos que se mantiene en el "mínimo indispensable".