EL CONSEJO DE ESTADO ABRE LA PUERTA A LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL YAK-42

El Consejo de Estado ha abierto la puerta a la posibilidad de iniciar una investigación que determine si en el proceso de contratación del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, se produjeron irregularidades.
Así lo explicó Leopoldo Gay, abogado de la Asociación de las Víctimas del Yak-42, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, en la que estuvo acompañado por Elizabeth Martínez, abogada del colectivo; Miguel Ángel Sencienes, presidente de la asociación; Paco Cardona, vicepresidente; y Curra Ripollés, portavoz del grupo.
Los representantes legales de los familiares de las víctimas expusieron que el Consejo de Estado ha decidido proceder a la apertura de un informe para esclarecer las circunstancias que concurrieron en la contratación del Yak-42. Por esa razón, solicitó los contratos de la compra de la aeronave al Ministerio de Defensa que respondió que no dispone de esos documentos.
Ante esta situación, el Consejo de Estado ha solicitado al departamento que dirige Pedro Morenés que explique por qué no tiene en su haber esos contratos, al tiempo que ofreció a los abogados de la asociación la posibilidad de presentar las alegaciones oportunas.
“LARGO DEBATE JUDICIAL”
En ese sentido, Gay explicó que los familiares de las víctimas del Yak-42 han tenido que hacer frente a un “largo debate judicial”, ya que sobre este accidente se llegaron a poner en marcha hasta tres procesos judiciales.
La Audiencia Nacional abrió dos de ellos; uno por presuntas irregularidades en la contratación de la aeronave, que se archivó, y otro por las falsas identificaciones de los cadáveres de los militares, que condenó a tres mandos militares. También se produjo un tercer procedimiento judicial, en el ámbito civil, por el que la compañía alemana Chapman, que junto con la ucraniana UM Air organizó el vuelo, fue condenada al pago de 6,1 millones de euros a las familias.
En febrero de 2012 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó la causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 en contra del criterio del fiscal que consideró que los mandos militares cometieron una “imprudencia grave” y una “absoluta falta de diligencia, pese a conocer las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban este tipo de vuelos”. El magistrado argumentó su decisión en “la fatiga y falta de preparación” de la tripulación como causa del siniestro. Finalmente, el Tribunal Constitucional avaló su criterio.
En esta causa estaba imputada toda la cúpula militar de la época. El juez consideró que no había “responsabilidad penal” en ninguno de ellos. La Audiencia Nacional estudió imputar al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, aunque finalmente no lo hizo. Sí le llamó a declarar como testigo y afirmó que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la aeronave.
La causa de las identificaciones de los cadáveres finalizó con la condena de tres años de cárcel al general Vicente Navarro, a quien Trillo encargó la repatriación de los cuerpos, y de dos años de prisión para los comandantes sanitarios José Ramón Martínez y Miguel Ángel Sáez.
El primero murió y nunca ingresó en la cárcel y los otros dos condenados no cumplieron su pena al ser ésta inferior a dos años. A ello se suma que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a los comandantes sanitarios un indulto parcial por el año de inhabilitación impuesto.
“ESPALDARAZO” PARA LAS FAMILIAS
La decisión del Consejo de Estado de abrir un informe para investigar las irregularidades de las contrataciones supone, según Gay, un “espaldarazo” para las familias, ya que permite determinar quiénes fueron los responsables de este proceso.
Del mismo modo, Martínez explicó que el Consejo de Estado, cuyo informe es preceptivo pero no vinculante, se hace cuatro preguntas: acerca de si existe documentación e informes de control sobre las subcontrataciones del aparato; sobre si el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra estuvo al tanto de las mismas; para corroborar el abono de las indemnizaciones; y por los documentos relacionados con el proceso.
Gay dejó claro que las familias sólo buscan “determinar las responsabilidades”, rechazando de plano que su motivación sea económica”, por lo que reclamó a Defensa que “acepte” todo lo que determine el Consejo de Estado en su informe, aunque sea “la falta de control en el transporte de las tropas”.
Por su parte, Sencienes aseveró que es “incomprensible” que no se anularan los contratos con el Yak-42 cuando Defensa había recibido 18 quejas de militares españoles que alertaban sobre la inseguridad de la aeronave. Esto, dijo, contrasta con la actitud de Noruega, país que canceló sus contratos cuando recibió la primera queja de sus soldados.
Por último, Cardona manifestó que los familiares de las víctimas viven una “situación atípica”, ya que todos los mandos relacionados con el siniestro “han ascendido y a nosotros nos han hundido en la miseria. El Gobierno en funciones debe coger el toro por los cuernos, decir la verdad y pedirnos perdón”.