Los directivos de Catalunya Banc Joan Rafols Llach SII y Ramón Luis García Torre han explicado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la entidad grabó una reunión en la que Ausbanc le pidió un pago de 500.000 euros para alcanzar un acuerdo en la ejecución de una sentencia, dictada tras un pleito en el que la asociación ganó sobre el redondeo al alza en tipos de interés, según han informado fuentes jurídicas.
Los testigos han comparecido ante Pedraz en el marco de la causa en la que investiga si el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, o el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, extorsionaron a personas y entidades a cambio de no interponer acciones judiciales o no difundir noticias negativas.
Los comparecientes han explicado que la entidad recibió varias llamadas procedentes de Ausbanc para ejecutar la resolución, por lo que concertaron una reunión para noviembre de 2008, en la que acudió la representante de Ausbanc, María Mateos.
En el encuentro, la asociación propuso una fórmula para llegar a un acuerdo consistente en recibir 250.000 euros en concepto de "aportación institucional" y otros 250.000 euros para abonar los daños ocasionados a los perjudicados.
La entidad tenía sospechas de que Ausbanc le podía ofrecer una propuesta ilegal y, por ello, decidió grabar la reunión. La caja, que ha aportado a la Audiencia Nacional dicha grabación, se enteró después de que eran solo doce afectados quienes estaban detrás de la demanda colectiva y que sufrieron un perjuicio de 5.196,30 euros.
COLABORACIÓN EN LOS CASOS 'BLESA' O LOS 'ERE'
La relación entre el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, comenzó a raíz de una causa abierta contra Blesa en un juzgado de Madrid por la compra del Banco de Florida, que finalmente fue archivada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga la reclamación de Luis Pineda para que Manos Limpias "plegara velas" contra la Infanta Cristina, a la que acusa de ser cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarin.
Pedraz sospecha que otro de los casos en los que Bernad colaboró con Pineda fue en el caso de los 'ERE', en el que este último pactó con Unicaja la declaración judicial que debía prestar el presidente de la entidad, Braulio Medel, para dar credibilidad a la retirada de la acusación a cambio de un millón de euros.
El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas -- encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas-- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.
Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
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