Esta decisión de los expresidentes se ha conocido el día en que el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra ellos.
Ambos se adelantan de esta manera a la decisión del PSOE, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. Así se establece en el documento que aprobó la dirección del partido en octubre de 2014. En este texto, se fija en la apertura de juicio el momento de exigir responsabilidades a cargos públicos u orgánicos y militantes.
Sin embargo, tanto Chaves como Griñán dejaron sus escaños en junio de 2015, después de ser imputados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Ético.
En el caso de la imputación, el documento establece que los cargos afectados deben dar cuentas ante la Ejecutiva Federal, que podrá tomar "las medidas estatutarias oportunas" en función de "los hechos y su gravedad".
También sobre este asunto se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien ha remarcado que a Chaves y Griñán "nunca nadie ha tenido que decirles qué tenían que hacer con sus actuaciones y manifestaciones".
"Nunca nadie ha tenido que decirles a Manuel Chaves ni a Pepe Griñán qué tenían que hacer con sus actuaciones y manifestaciones, servir a España, servir a Andalucía, y servir al proyecto del PSOE, nunca nadie ha tenido que decirles qué es lo que tenían que hacer, y en este caso tampoco", ha señalado Jiménez.
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