Martín, que ha impulsado esta PNL para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, no encuentra explicación a que "el amianto lleva décadas prohibido pero las administraciones no han hecho nada para erradicarlo de sus edificios".
"Es esencial que la Administración General del Estado se implique, en colaboración con las comunidades, en la identificación y retirada del amianto presente en centros públicos, especialmente en aquellos que tienen una especial relación con la infancia y la adolescencia", ha señalado la parlamentaria que cree necesario que "exista un calendario de retira del amianto, siempre avalado por informes técnicos".
La proposición no de ley contempla que "todo el amianto debe quedar retirado en el plazo de diez años" y que estos trabajos "cumplan obligatoriamente con las normas de seguridad recogidas en el Real Decreto 396/2006", ha explicado Millán.
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