El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la entrega a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, miembro del denominado clan de lo 'Porkys', acusado de violar a una menor en el país centroamericano, ya que considera que el juicio por esta causa debe hacerse íntegramente en este país junto a los otros encausados.
En un auto hecho público este miércoles, el Pleno ha desestimado el recurso presentado por la defensa contra la decisión adoptada en su día por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional favorable a la extradición.
La Sala de lo Penal dice que no hay necesidad de "dividir la continencia de la causa" y que el juicio se deber realizar en México junto a los otros acusados de violar a la menor. En este sentido, entiende que no se debe atender a la doble nacionalidad de Cruz Alonso ya que no ha residido en España anteriormente a la realización de los estudios de grado que desarrolló en la Universidad Europea de Madrid.
"La realidad ni judicial, ni social, le pueda ser ajena, al haberse desarrollado allí toda su vida, donde, además, debe encontrar el apoyo y solidaridad de su entorno familiar y personal", explica el auto.
SE UTILIZÓ VIOLENCIA CON UN PROPÓSITO
Siguiendo el argumento del Ministerio Público, el Pleno afirma que de la declaración de la víctima se concluye que se actuó sobre ella empleando "violencia y/o intimidación" buscando un propósito. Asimismo, ha rechazado la alegación de la defensa de Cruz Alonso en relación a que lo declarado por la menor eran contradictorios con los hechos imputados.
Por último, la Sala no acepta la petición de Cruz Alonso de no ser entregado a México por el hecho de que, a su juicio, en las cárceles mexicanas se violan los derechos humanos. Según dice el auto la "superpoblación penitenciaria o escasez de servicios de vigilancia" no acredita un "padecimiento de tratos inhumanos o degradantes".
EL ACUSADO EXPLICÓ QUE ERA VÍCTIMA DE AMENAZAS Y COACCIONES
El tribunal integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Ana María Rubio decidió entregar a Diego Gabriel Cruz Alonso a México al no dar credibilidad a sus manifestaciones durante la vista oral en la que se estudiaba el expediente de extradición. Según explicó en el turno de uso de la última palabra, había sufrido amenazas, coacciones y extorsión por parte del padre de la víctima.
El acusado también contó al tribunal que el familiar de la menor le encerró a él y otros tres amigos, acusados también de ser autores de dicha agresión en un despacho, donde les amenazó con un arma a grabar una "disculpa" de algo que no habían cometido.
"Estábamos secuestrados y las salidas estaban bloqueadas", aseguró entre lágrimas el joven de 21 años, al leer un manuscrito en su uso de la última palabra. "Soy 100 por cien inocente de lo que se me acusa, no hay pruebas en contra (...) el padre de la denunciante dijo que estábamos vivos de milagro y que había investigado a nuestras familias durante semanas", añadió durante su declaración.
Asimismo constató que este hombre ya les advirtió que si no le entregaban "cuatro millones", el grupo de amigos iban a ser "demandados sin ningún fundamento".
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