El ministro del Interior francés, Gerard Collomb, ha señalado que hay entre 350 y 400 migrantes en la zona de Calais, muchos menos que los 10.000 que vivían en la zona. Collomb ha explicado que los dos nuevos centros de recepción estarán en Bailleul y Troisvaux, situados más lejos de la costa.
"No queremos repetir los errores del pasado, pero también queremos gestionar el problema de Calais", ha afirmado Collomb en referencia a la voluntad de evitar el "efecto llamada". El agua, las duchas y los sanitarios serán mediante instalaciones provisionales móviles.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos se han quejado en reiteradas ocasiones de la situación en la que se encuentran cientos de personas que han retornado a Calais pese al desmantelamiento del campamento bautizado como 'La Jungla'.
Un tribunal de Lille ordenó en primera instancia a las autoridades facilitar puntos de agua a estas personas, pero el Ministerio del Interior y las autoridades locales recurrieron y finalmente ha sido el Consejo de Estado quien ha tenido la última palabra.
"Las condiciones de vida de los migrantes revelan una carencia de las autoridades públicas que implica exponer a estas personas a tratos inhumanos y degradantes y que supone un atentado grave y manifiestamente ilegal contra una libertad fundamental", ha argumentado la máxima corte en un comunicado.
En este sentido, ha coincidido en la necesidad de "crear dispositivos de acceso al agua que permitan a los migrantes beber, lavarse y lavar la ropa, así como letrinas y organizar un dispositivo adaptado para acceder a duchas". Asimismo, el Consejo de Estado ha abogado por facilitar a estas personas traslados hacia centros de acogida donde haya plazas.
La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, ha calificado de "decepcionante" la sentencia, aunque ha admitido que "no es una sorpresa" en vista de las posiciones que habían ido adoptado las distintas partes. En este sentido, ha lamentado en un comunicado que no se tuviesen en cuenta las opiniones de la ciudad y su "larga experiencia en el problema migratorio".
"La decisión del Consejo de Estado es una injusticia para los calaisiens, porque les pone de nuevo bajo la amenaza de una enésima 'Jungla'. Además, a falta de una política nacional y europea que ofrezca una solución global a la inmigración, el Ayuntamiento no dará cumplimiento a las órdenes que se le han hecho", ha anunciado.
CRÍTICAS Y COMPROMISOS
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abogado públicamente por tratar con dignidad a migrantes y refugiados, pero su Gobierno ha sido criticado por el trato que siguen recibiendo colectivos como el de Calais. La semana pasada, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la violencia policial contra estas personas.
El Ejecutivo galo presentó el 12 de julio un proyecto para "garantizar el derecho de asilo" y "gestionar mejor los flujos migratorios", pero el texto no incluye ninguna mención específica a casos específicos como el de Calais.
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