Con 17 votos, el Consejo de Estado ha anulado la sanción impuesta en 2010 por la Procuraduría General a Córdoba "por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC", según argumentó, en gestiones que iban más allá de la alegada labor humanitaria.
La alta institución colombiana ha considerado que las pruebas que fundaron la inhabilitación de Córdoba no son válidas porque se rompió la cadena de custodia sobre las mismas, de acuerdo con los medios de comunicación locales.
La principal prueba contra la ex congresista, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, era la información encontrada en los ordenadores incautados en la 'Operación Fénix', en la que murió el entonces 'número dos' de las FARC, 'Raúl Reyes', en 2008.
A pesar de esta decisión del Consejo de Estado, Córdoba seguirá apartada de la vida política porque aún está vigente una segunda sanción, por financiar campañas electorales, que le impide ejercer cargos públicos durante 14 años.
La ex senadora ha interpretado la decisión del Consejo de Estado como "un acto de justicia" que favorece la reconciliación nacional en Colombia, que asiste ya a la recta final del diálogo de paz entre el Gobierno y las FARC.
"Lo que sucedía conmigo era un tremenda injusticia", ha dicho, afirmando que hubo un juicio político en su contra porque "se generó una matriz de opinión espantosa diciendo que era una terrorista que ponía en jaque la seguridad del Estado".
Córdoba ha hecho un llamamiento a los colombianos a "empezar a construir". "Tenemos que dedicarnos a lo importante, que es lograr la paz con justicia social", ha indicado, en una rueda de prensa recogida por TeleSur.
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