La Corte Europea de Derechos Humanos participará en la conformación del tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto colombiano, tras el acuerdo de paz que alcanzaron el gobierno y los rebeldes de las FARC, según un comunicado difundido el jueves.
En el comunicado conjunto fechado en La Habana, sede se las exitosas negociaciones de paz, el gobierno y la guerrilla informaron que el tribunal aceptó la invitación que le formularon en tal sentido, ante la negativa del papa Francisco de participar en la selección de los jueces.
"Hemos decidido solicitar al presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, que designe un delegado para el mecanismo de selección de los magistrados de la jurisdicción especial para la paz, quien ya ha aceptado gentilmente esta invitación", anotaron en su declaración.
El comunicado invoca al máximo responsable de la corte europea, el magistrado italiano Guido Raimondi.
El 12 de agosto, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron al papa y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que les ayudaran a elegir los jueces que conocerán los casos más graves cometidos durante el enfrentamiento que, después de medio siglo, deja millones de víctimas entre desplazados, muertos y desaparecidos.
El tribunal estará conformado por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros.
La solicitud también fue dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario del Estado, que reúne a 32 universidades públicas.
Sin embargo, el Vaticano declinó el miércoles la invitación por considerar que "sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias".
En su comunicado, el gobierno y la guerrilla de Colombia dijeron comprender los "motivos pastorales" esgrimidos por la Santa Sede y agradecieron el "apoyo reiterado" del papa a la paz en Colombia.
Dentro del pacto final alcanzado la semana pasada en La Habana, tras casi cuatro años de difíciles diálogos, los negociadores de paz convinieron la creación de un tribunal especial, que será el responsable de revisar los casos más graves del conflicto que involucran a militares, guerrilleros y civiles.
Los acusados de secuestro, violencia sexual y ejecuciones fuera de combate, entre otras acciones, podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas, siempre y cuando confiesen su responsabilidad y ayuden reparar a sus víctimas, de lo contrario podrían pagar penas de hasta 20 años de prisión.
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