EL DEFENSOR DEL PUEBLO REDUCE A MENOS DE UN MES EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LOS CIUDADANOS

El Defensor del Pueblo centró sus esfuerzos en 2016 en mejorar su servicio de atención al ciudadano con la reducción de los tiempos medios de respuesta. Actualmente se emplea una media de 27,99 días en responder a los ciudadanos, frente a los 62 días que se tardaba en 2013.
Según su balance del año pasado hecho público este lunes por la institución, en 2016 formuló más de 1.700 resoluciones e inició 870 actuaciones de oficio. Además, durante el año pasado, este organismo también reformó su página web, que recibe más de 2.000 visitas al día, para optimizar la transparencia, el acceso a la institución y al trabajo que realiza.
El Defensor del Pueblo también publicó cuatro encuestas en su página web para recabar información directa que la institución utilizará para elaborar informes sobre asuntos relevantes como necesidades de los celiacos, barreras arquitectónicas en vías y espacios públicos, inicio del curso escolar y cesión de créditos.
A todo ello, se añade que el pasado 6 de diciembre se celebró la primera jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución. Más de cien personas visitaron la sede para conocer la institución y su funcionamiento. A lo largo de 2016 también se publicaron los informes anuales de 2015, el Informe Anual del MNP 2015, un informe de actividad del primer semestre del año y cuatro estudios monográficos sobre ‘Los niños y adolescentes en el informe del Defensor 2015’, ‘Las personas con discapacidad en el informe del Defensor 2015’, ‘El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida’ y ‘Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual’.
RESOLUCIONES Y ACTUACIONES
La institución que dirige Soledad Becerril formuló en 2016 más de 1.700 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones para proponer cambios normativos y mejoras a favor de los ciudadanos e inició 870 actuaciones de oficio.
Los asuntos más relevantes abordados a lo largo del año se centraron en la situación de los refugiados con 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración, violencia de género para mejorar la protección de las mujeres víctimas de malos tratos y protección de los deudores hipotecarios según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, que obliga a las entidades bancarias a devolver lo cobrado con las cláusulas euelo de las hipotecas.
Asimismo, abordó la protección del medio ambiente, las comisiones en los cajeros automáticos ajenos a la entidad bancaria emisora de la tarjeta, protección del alumnado con discapacidad, agresiones a funcionarios públicos, trata de seres humanos e información de la situación de los presos españoles en el extranjero, entre otros asuntos.