La propuesta ha llegado al pleno a propuesta de PSOE e IU en sendas mociones que consideraban que la recaudación no se está destinando a la financiación de los programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales, como se especifica en la normativa de este impuesto, y que, a demás, la Diputación Provincial debe acometer las inversiones necesarias para realizar esas actuaciones.
Así, este impuesto, que grava la entrega y depósito de residuos para su eliminación en los vertederos de Castilla y León, es, a juicio de los grupos políticos, una doble imposición.
"La situación hace que las diputaciones no sólo tengan que pagar este tributo sino, además, recurrir al endeudamiento para sufragar mejoras en los centros de tratamiento de residuos que se supone este impuesto bonifica", han añadido.
Esta medida será, además, trasladada a las Cortes de Castilla y León.
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