LA RED DE ENTIDADES SOCIALES DEL ENTORNO PENITENCIARIO DICE QUE LA MITAD DE LOS PRESOS DEBERÍAN ESTAR EN LIBERTAD

La Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep) asegura que si España tuviera una tasa de encarcelamiento acorde a su tasa de criminalidad y en relación a la media europea su población penitenciaria debería ser de 30.769 reclusos en vez de 61.614.
Así lo recoge el ‘Estudio de la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales’ que Rosep hizo público este jueves. La red, que está compuesta por 55 organizaciones, explica que ha elaborado este estudio a partir de los datos de organismos oficiales como Instituciones Penitenciarias o el Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de “presentar, de una manera empírica, una parte de la realidad legal y penitenciara”, según manifestó el responsable de los programas de cultura en cárceles de ‘Solidarios para el Desarrollo’ y secretario técnico de la Rosep, Álvaro Crespo.
Por su parte, el coordinador del Programa Personas Privadas de Libertad de la Fundación Adsis, Juan Carlos Jiménez, señaló que España es un “país seguro” puesto que la tasa de delitos en 2014 por cada mil habitantes era de 44.7, mientras que la media de la Unión Europea fue de 61.3. Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que la tasa penitenciaria en España es un 32% superior al promedio europeo.
Según el coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza Enlace, Jorge Ollero, “el aumento de las personas en prisión se debe al aumento de la duración de las penas”, ya que España tiene uno de los promedios de tiempo de condena más altos de Europa con 18 meses cuando países como Alemania y Francia rondan los 8 meses y Dinamarca apenas supera los 2 meses y concluyó que “cuanto más tiempo se pasa en prisión, más difícil es la reinserción”.
LA PRISIÓN COMO ÚLTIMO RECURSO
Según los miembros de Rosep, la mayoría de los delitos tienen su raíz en la pobreza, la exclusión y en que “España es el país con mayor tasa de desigualdad de países de la eurozona” y, por ello, “la prisión no debería usarse como solución aparente a los problemas sociales” y opinó que la mejor manera de prevenir la delincuencia es apostar por la justicia social.
Asimismo, Ollero puso como ejemplo a Finlandia, donde “las personas que cometen delitos de mediana y baja intensidad se les aplica otro tipo de penas más dirigidas a la reinserción como reparación a las víctimas” y afirmó que “sería un buen camino a repetir en España”.
En la rueda de prensa, Tomas, un preso que ha pasado por varias cárceles españolas, entre ellas la de Aranjuez, donde coincidió con Carlos Fabra según relató, explicó que fue condenado a 4 años y 9 meses por, según él, no pagar su estancia en varios hoteles en los que se alojó. A su juicio, esa pena que ha pagado, gracias a un pacto puesto que le pedían 7 años y medio, fue “desproporcionada”, pues la cantidad estafada apenas superaba los 4.000 euros.
Por último, Tomas declaró que una condena más justa hubiese sido “trabajar para la comunidad” y así compensar los gastos que provocó, ya que Ollero manifestó que con la estancia en la cárcel ha costado a las arcas del país más dinero durante esos cuatro años y nueve meses que los 4.000 euros que estafó inicialmente.