Con este objetivo, los independentistas catalanes han registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja, similar a la que ya defendieron en la anterior legislatura, para que se debata en la Comisión Constitucional.
El texto, que lleva la firma del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sostiene que es "sorprendente que la clase política mantenga prebendas" y más en este momento de crisis y presenta el "excesivo" uso de los coches oficiales como "uno de los gastos suntuarios más visibles, polémicos e indignantes para la población".
"Los privilegios no deben ser pagados con dinero público", sentencia Rufián, para quien en muchos casos, más que por razones de seguridad la utilización de vehículos oficiales se justifica por "razones de comodidad".
Según la propuesta de ERC, deberían suprimirse todos ellos salvo las excepciones que determine el Congreso por estrictas razones de seguridad y fija como criterio los de los cargos que tengan asignados más de dos guardaespaldas, lo que incluiría al presidente del Gobierno.
Además, los republicanos consideran insuficiente los recortes en esta materia aprobados hasta ahora porque si bien admite que se ha reducido el número de altos cargos y autoridades con derecho a coche oficial recalca que no se ha limitado su derecho a usarlo.
"Se limita el derecho a usarlo de manera exclusiva, pero no compartida", especifica Rufián, quien también demanda que el Gobierno envíe al Congreso un informe sobre el número de coches que hay, el uso que se les da, y cómo piensa aplicar el plan para eliminarlos casi todos en un año.
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