ESTIBADORES. GOBIERNO Y SINDICATOS SE MANTIENEN ENROCADOS MIENTRAS SE AGOTA EL PLAZO PARA CONVALIDAR EL DECRETO

El conflicto entre los sindicatos de la estiba y el Gobierno por el decreto que liberaliza el sector en España para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea de diciembre de 2014 sigue en el mismo punto que hace una semana, mientras se agota el plazo de 30 días del que dispone el Ejecutivo para convalidarlo en el Congreso de los Diputados sin que aparentemente haya conseguido sumar un solo apoyo de la oposición, ni siquiera tras la visita de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc.
Pese a ello, según lo manifestado por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, la intención del Ministerio de Fomento es someterlo a votación este mismo jueves, pese a que podría demorarlo una semana más.
El primer movimiento se podría producir mañana, lunes, ya que el ministro Íñigo de la Serna participa en un acto informativo organizado por el diario ‘Cinco Días’ donde tendrá la oportunidad de mostrar su posición con respecto a este conflicto.
Hasta ahora, el apoyo de Bruselas al decreto aprobado por el Gobierno el pasado 24 de febrero es el principal argumento esgrimido por Fomento para pedir el apoyo de los grupos de la oposición a esta normativa, ya que su aprobación permitiría la anulación de los 22 millones de multa que lleva acumulados España y que podrían incrementarse a razón de 134.000 euros diarios si hubiera una nueva sentencia condenatoria.
Además, el Ejecutivo espera que se produzca un acuerdo entre los sindicatos y la patronal Anesco en la negociación que llevan a cabo con la mediación de Marcos Peña para que algunos grupos parlamentarios puedan ver con mejores ojos el decreto.
Sin embargo, dicho acuerdo parece difícil ya que los sindicatos de estibadores mantienen su exigencia de que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna se incorpore a la mesa de negociación y de que el decreto recoja los acuerdos alcanzados en dicha mesa, básicamente en lo referente a la subrogación de los trabajadores. Además, el propio decreto da un plazo de un año para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo.
Por ello, a fecha de hoy, el Ejecutivo se expone a que el decreto no sea convalidado, algo que solo ha ocurrido en otras dos ocasiones bajo el marco de la actual constitución, la primera de ellas en 1979 y la segunda durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en ese caso se trató de un error de voto que posteriormente se subsanó aprobando de nuevo el decreto.
Por otro lado, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga a partir de este viernes, 17 de marzo, con paros en las horas impares que se producirían también el lunes 20, el miércoles 22 y el viernes 24. El pasado miércoles decidieron dejar sin efecto tres días de huelgas en respuesta a la decisión de Fomento de aplazar una semana el debate del decreto en la Cámara Baja.
En cuanto a la negociación, tras la reunión mantenida el pasado miércoles, todavía no se ha fijado fecha para un nuevo encuentro, aunque se producirá previsiblemente antes del jueves.
En la última reunión, Anesco mostró su disposición a mantener todo el empleo fijo del sector si los sindicatos aceptan medidas que mejoren la competitividad y si el Ministerio de Empleo y Seguridad Social articula ayudas económicas para prejubilaciones y bajas incentivadas, además de los 350 millones de euros que aportarán las autoridades portuarias para asumir los derechos de antigüedad de los más de 6.000 estibadores actuales.