La justicia española rechazó este jueves una petición de colaboración cursada por un juzgado federal argentino que tramita una querella contra ETA por delitos de lesa humanidad, alegando que los crímenes de la organización separatista vasca ya fueron investigados en España.
La pesquisa del juzgado penal federal 6 a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral, por petición de la asociación española de víctimas Dignidad y Justicia sobre 379 asesinatos de ETA como delitos de lesa humanidad, infringe el principio "de cosa juzgada", según el auto del juez español Alejandro Abascal.
La justicia argentina aceptó la querella presentada en septiembre de 2015 por Dignidad y Justicia en base al principio de justicia universal.
Pero con respecto a los atentados en cuestión ya "se agotaron todas las vías de investigación" en España, y en la mayoría de los casos se condenó a los autores, por lo tanto no se justifica la intervención de un juzgado extranjero, indicó el auto.
Asimismo, el escrito de la Audiencia Nacional, tribunal a cargo de los casos de terrorismo, recordó que la doctrina española ha descartado tipificar los asesinatos de ETA como delitos de lesa humanidad.
Por lo tanto, el juzgado de Buenos Aires "carece de jurisdicción conforme a la legislación interna española", subraya el auto.
La asociación recurrió a la justicia argentina ante la imposibilidad de lograr en España que miembros de ETA fueran procesados por delitos de lesa humanidad.
El grupo separatista, considerado responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra, anunció hace cinco años el abandono de la lucha armada, aunque no se ha disuelto.
Esta no es la primera vez que víctimas españolas acuden a los tribunales argentinos.
Una jueza de ese país abrió en 2010 una causa para investigar violaciones de derechos humanos durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), apoyándose en el principio de justicia universal.
Las asociaciones de víctimas alegaron que era imposible en España dar respuesta a sus denuncias debido a una ley de Amnistía de 1977.
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