Exasesores critican que los directores del SAE investigados "mintieron" en sus declaraciones ante la juez

En un comunicado remitido a Europa Press, este colectivo de trabajadores del Plan Memta critica que, tras estas declaraciones, "queda claro, igualmente, que no se atendió a una presupuestación adecuada de los costos de los despidos de los trabajadores, puesto que, de haberse realizado esta, se habría tramitado un ERE que habría evitado los cuantiosos pagos que ahora se tienen que producir con el consiguiente despilfarro del dinero público que se estima en, por lo menos, cinco millones de euros".

Asimismo, los trabajadores aseveran que "es irrefutable" que la actuación de los gerentes del SAE "fue arbitraria y contraria a los intereses de los ciudadanos de Andalucía", puesto que los pronunciamientos judiciales existentes hasta la fecha "dictaban que los despidos iban a ser considerados nulos o improcedentes y que ello iba a suponer un alto coste económico para la Junta de Andalucía que podría evitarse mediante una adecuada gestión de los recursos".

De igual modo, entienden que "no sólo son responsables de este despilfarro los gerentes del SAE, sino los miembros del Consejo de Administración y los demás cargos que, con responsabilidad en la Consejería, contribuyeron a ello".

"Desde la misma perspectiva, no es de recibo que las personas cuyos despidos han sido declarados nulos se encuentren sin trabajar y acumulando salarios que les tienen que ser abonados por orden judicial con independencia de que presten servicios o no, siendo el deseo de estos trabajadores el de acudir al puesto en el que la justicia les ha readmitido y cobrar su salario por ello", aseveran estos trabajadores.

"ENCHUFISMO"

Por otra parte, "tampoco es de recibo que, personas cercanas al PSOE incluidas entre las despedidas, hayan sido readmitidas en su puesto de trabajo y estén percibiendo salario por no haberse procedido a presentar recursos contra sus sentencias o porque, casualmente, se pasara el plazo para recurrir", lo que "supone un ejemplo, en toda regla, de una administración totalmente discriminatoria y dirigida plenamente al enchufismo".

El colectivo también señala en esta nota que la declaración como testigo del jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "no despejó las incertidumbres existentes, al apuntar al órgano gestor, el SAE, como el impulsor de la situación diferenciada existente en las readmisiones de los trabajadores, no aclarando por qué en un determinado momento se llega a desistir de unos recursos y no de otros a pesar de tener una resolución del consejero de Trabajo que ordenaba terminantemente el desistimiento de los recursos, la cual, además, fue emitida a petición del propio gabinete jurídico".

Por último, critican que el SAE y la Junta "están obstaculizando la investigación judicial al no estar aportando la documentación que la investigación está requiriendo", temiéndose los denunciantes que "puedan existir presiones, incluso, hacia el órgano jurisdiccional, para que proceda al archivo de la causa, circunstancias que, de ser ciertas, no dejaría de ser una actitud francamente contraria a la de una administración transparente y sometida a la Ley y al Derecho".

"DESPILFARRO DE DINERO PÚBLICO"

Por todo ello, se han solicitado numerosas diligencias de prueba al objeto de "aclarar la situación discriminatoria que padecen los denunciantes, la existencia de enchufismo en las readmisiones y, lo más importante, el despilfarro de dinero público ocasionado con la gestión de estos despidos".

En sus comparecencias ante la juez, el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, y su antecesor en el cargo y actual director general de IDEA, Antonio González Marín, solicitaron el archivo de la denuncia presentada por un colectivo de 18 de los 413 ex asesores de Empleo Memta porque los hechos que les atribuyen "no son ciertos" y actuaron "conforme a Derecho" y "velando por los intereses de los trabajadores".