Durante una intervención antes del debate del proyecto de ley, Santiago ha explicado que las enmiendas que se mantienen al texto versan principalmente sobre por si gestiona esta renta el Govern o los Consells, y sobre la "necesidad de contraprestación" por parte del perceptor, algo en lo que no coincide el Ejecutivo porque "es la situación de vulnerabilidad económica la que determina quién es el perceptor".
Según la consellera, esto, "no debe suponer que no haya obligaciones" por parte de los perceptores puesto que, incluso, existe un régimen sancionador, por si se incumple alguna de ellas.
Santiago, que ha recordado que el 62 por ciento de las familias tiene problemas económicos, ha explicado que esta prestación se mantendrá "mientras dure la situación que la motiva". Según su opinión, se trata de una "ley ambiciosa" que en el 2016 se dirigirá a las familias sin ingresos y con menores de edad a su cargo.
La consellera ha hecho hincapié en que esta renta social "supone un pequeño avance" y se ha comprometido a llevar a cabo todo lo que sea necesario "para que sea un éxito". Según su opinión, si la ley se aprueba sin ningún voto en contra "prestigia a la política".
Además, ha señalado que este proyecto no es de su Conselleria, sino que "es un proyecto de Govern". "Mientras haya pobreza o riesgo de pobreza, que la renta social goce de buena salud", ha concluido.
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