El Tribunal Superior catalán ya investiga al Govern y a altos cargos del Parlament

Con una celeridad pasmosa, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -el llamado a convertirse en el 'Supremo catalán' en una hipotética Cataluña independiente- ha admitido a trámite las dos querellas presentadas por la Fiscalía de Cataluña contra el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los miembros de su Gobierno y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa de la cámara. Todos ellos, desde este mismo momento, están imputados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, delitos por los que, de ser condenados, podrían ingresar en prisión.

El caso abierto contra Forcadell y los diputados de la Mesa que permitieron la admisión a trámite de la ley de referéndum y de la de transitoriedad (la de desconexión con España), se acumulará al ya abierto contra la propia presidenta de la Cámara catalana a instancia de la Fiscalía hace unos meses, tras desoír los requerimientos del Tribunal Constitucional y permitir el debate en el Pleno de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, que se encargó de los primeros pasos del 'procés'. Su instructora será la expresidenta del TSJC Maria Eugènia Alegret, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la misma que ya estudiaba la primera querella.

El que señala a todos los miembros del Ejecutivo catalán también se unirá a otro abierto previamente contra la consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, por sacar a concurso la compra de las urnas para elecciones y procesos participativos entre los que podría estar el referéndum. En este caso, la investigación corresponderá a la magistrada Mercedes Armas, la misma que instruía la querella contra Borràs. 

Ambas instructoras deberán decidir en los próximos días sobre las medidas cautelares que, en el caso de la querella contra los miembros del Govern, solicita el Ministerio Público. El documento reclama se exija a los 14 querellados una fianza por lo presuntamente malversado en la convocatoria y los preparativos de la consulta secesionista. Si no pueden pagarla, solicita que se embarguen sus bienes.

Los delitos de desobediencia y prevaricación están castigados con penas de inhabilitación para empleo o cargo público, pero el de malversación implica penas de dos a ocho años de cárcel.Aviso a los 947 alcaldes

Las medidas cautelares que solicita la querella superan las reclamadas por el Gobierno en los recursos que ha presentado ante el Constitucional y anticipa responsabilidades penales concretas.

El texto pide que el instructor que se designe obligue a los 947 alcaldes de Cataluña “con los apercibimientos legales correspondientes para que impartan las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material, incluyendo locales, para la celebración del citado referéndum”.

Fiscalía también reclama que se oficie a las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos d’Esquadra, “a fin de que se adopten las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal, debiendo intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin”. Y entre ellos cita las urnas, los sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, elementos informáticos”…

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Además, pide que se clausuren las páginas web que dan “apariencia de cobertura legal y de normalidad a la celebración de un referéndum secesionista”. Y reclama al juez que impida a todos los medios -los públicos, pero también los privados- publicar los anuncios institucionales de la Generalitat sobre la convocatoria del 1-O.La querella considera que el delito de malversación de caudales públicos que imputa a todos y cada uno de los miembros del Ejecutivo catalán “ya ha iniciado su ejecución”, ya que se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar “un importante gasto público estando el mismo orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional” y, por tanto “ajenas a la función pública”.“La cuestión resulta evidente”, mantiene el fiscal. “La convocatoria y celebración de un referéndum implica un gasto de dinero público; siendo el referéndum inconstitucional, cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiación es por consiguiente ilegal; por tanto, impulsar la celebración del referéndum supone consumar el despojo de fondos públicos”.El escrito recoge una a una las sucesivas desobediencias al Tribunal Constitucional que ha supuesto la implementación del ‘procés’ por parte del Gobierno de la Generalitat y del Parlament, donde ha sido impulsado por los grupos soberanistas de Junts pel Sí y la CUP. “Los querellados se han negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a las mencionadas resoluciones del máximo intérprete de la Constitución”, dice el Ministerio Público para justificar ese primer delito.Pero esos mismos hechos, son, a juicio del fiscal, también constitutivos de prevaricación, ya que dieron lugar a los decretos de convocatoria del referéndum y el de sus normas complementarias, aprobados y firmados por todos los querellados el jueves de madrugada. La “arbitrariedad” de las decisiones de los 'consellers' radica “no ya en la desobediencia a las del TC, sino en que iban dirigidas a la adopción de unos acuerdos [los decretos] que implican un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma, sustituyendo así el ordenamiento jurídico vigente por su propia voluntad”, dice el escrito.