Lunes, 11.12.2017 - 14:28 h

La Fiscalía denuncia por sedición a los autores del asedio a la Guardia Civil

El escrito apunta a los presidentes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural. 

El caso, que podría comportar penas de hasta 10 años para sus responsables, ha correspondido al juez Ismael Moreno. 

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La fiscalía ha presentado una denuncia por un delito de sedición contra los presuntos autores de los disturbios que se produjeron ayer y anteayer frente a edificios de la Generalitat cuando la Guardia Civil los registrada por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El delito, en caso de admitirse a trámite, será investigado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La sedición implica una pena de hasta 10 años de cárcel, según el Código Penal. El escrito apunta a los presidentes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- como organizadores de la protesta.

Durante las concentraciones espontáneas que se produjeron el pasado miércoles y el jueves en Barcelona cuando se estaban produciendo los registros, algunos vehículos de la Guardia Civil terminaron destrozados, con los cristales rotos y llenos de adhesivos independentistas. Además, unos 10 agentes tuvieron que permanecer en las dependencias de la Consejería de Hacienda hasta las siete de la mañana. Al final solo pudieron salir del edificio escoltados por los Mossos d’Esquadra. La secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea.

La fiscalía considera que esos hechos, que se produjeron durante esas manifestaciones independentistas, pueden ser constitutivos de un delito de sedición, que castiga con entre 8 y 10 años de prisión a los que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de resoluciones administrativas o judiciales”.

El escrito relata cómo, con ocasión de los registros, “una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales” que les obligaban a practicarlos.Concentración ante la Consejería de Economía 

La denuncia cuenta cómo la concentración ante la Consejería de Economía fue convocada por redes sociales. En ellas, “individuos que no han podido ser identificados”, continúa el escrito, “pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil a fin de impedir su legítima actuación”.

El escrito no señala responsables, pero apunta entre los organizadores a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que montó un puesto para voluntarios en las inmediaciones del edificio. Voluntarios de esa asociación formaron un cordón ante la puerta de la consejería para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. La organización llegó a contar con ayudantes que repartían bebidas y comida entre los concentrados.

El escrito solo cita expresamente a dos personas. Se trata de Jordi Sánchez, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, de Omnium Cultural, ambas asociaciones independentistas. El primero, según el fiscal, se dirigió a las 40.000 personas que se concentraban en la consejería a las 8.20 de la tarde y manifestó: “El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos”. Y también: “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”.

En el caso de Cuixart, el máximo responsable de Omnium se subió a un coche patrulla de la Guardia Civil pasada la medianoche y, junto a Sánchez, reclamaron a la muchedumbre una “movilización permanente” desde el jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo. Posteriormente, al ver que la situación se les había escapado de las manos, pidieron a los manifestantes que se disolvieran, pero no lo consiguieron.

Disturbios similares también se produjeron en la Consejería de Exteriores y en la de Gobernación, así como en la sede de la CUP, donde los agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial.

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