El Fondo de Garantía exige que en CAM se indemnice a "todos" y no al Sabadell

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) rescató la CAM con una inyección de capital de 5.249 millones de euros procedentes del Estado. Una vez saneada, su negocio bancario se vendió al banco Sabadell por el precio simbólico de un euro. Pese a ello, Anticorrupción considera que debe ser el banco y no el fondo quien debe cobrar las indemnizaciones por los presuntos delitos cometidos por sus gestores, que están siendo juzgados estos días por la falsedad de las cuentas de la entidad. El letrado del fondo, sin embargo, ha reclamado ese dinero porque el rescate lo pagaron “todos los españoles”.

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La petición se ha formulado durante los informes finales del juicio contra los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo, el exdirector de información financiera Salvador Ochoa, el de planificación y control, Teófilo Sogorb, el de inversiones y riesgos Francisco Martínez, el de financiación Juan Luis Sabater y el de recursos, Vicente Soriano. A todos ellos se les acusa de falsear las cuentas de la entidad en 2010 y el primer semestre de 2011 así como de un delito de estafa.

Durante su alegato final, el letrado del FGD, Carlos Gómez-Jara, ha recordado que los 5.249 millones del rescate eran “dinero de los contribuyentes” y que el déficit que ocasionó se incluye en el del “Estado español”. “La propia Comisión Europea, cuando tiene que acordar la resolución de la CAM considera que la intervención del fondo constituye una ayuda estatal y que esta intervención será financiada por recursos públicos y es imputable al Estado”, ha señalado Gómez-Jara.

El abogado ha puesto sobre la mesa una sentencia del Supremo de noviembre de 2015 que legitimó al fondo como parte del proceso para actuar como perjudicado (inicialmente, la Audiencia Nacional no se lo permitió). Gómez-Jara entiende que los argumentos del alto tribunal -que el dinero procedía del fondo y que era público- debería obligar a los presuntos responsables del saqueo y hundimiento de la CAM a resarcir a ese organismo público, el que vela por la liquidez de las entidades de crédito.

Gómez-Jara también ha subrayado la incongruencia de trato entre entidades consideradas “sistémicas" -como Bankia o la CAM- que como tal fueron rescatadas con fondos públicos, y las “no sistémicas” -Eurobank, Caja Alcoy- que el Estado dejó caer al concurso de acreedores. En este último caso, si sus administradores hubieran mentido sobre la situación de la entidad -como supuestamente hicieron los de la CAM- tendrían que indemnizar por el perjuicio causado a la entidad, como establece el artículo 259 del Código Penal.

Sin embargo, en las “sistémicas” (como la CAM) al evitarse el concurso mediante el rescate, los gestores no tendrían que indemnizar a los acreedores por sus supuestas mentiras sobre la situación real de la entidad. Gómez-Jara considera que, en este caso, los acusados deberían ser condenados por falsedad contable. “Estos administradores mintieron sobre la situación de la CAM, tuvo que intervenir el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que inyectar dinero público; por eso solicitamos una indemnización”, ha concluido el letrado.

Al contrario que el abogado del fondo, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha reclamado durante su intervención que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas como al Sabadell que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil “extracontractual” en procesos posteriores ante los tribunales civiles.