Tanto fuerzas de seguridad de México como integrantes del cartel de Los Zetas han cometido asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, "crímenes de lesa humanidad" que deben ser castigados, sostiene la organización Open Society Justice Initiative en un informe elaborado durante tres años y divulgado este lunes.
Desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas "intencionalmente en México" y "miles de personas han desaparecido", apuntó la organización con sede en Nueva York que lucha contra abusos de derechos humanos en el mundo.
Los crímenes -prosigue el informe- han sido perpetrados "tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas", y las víctimas no sólo son mexicanos, sino también "inmigrantes de Centroamérica, que viajan por rutas peligrosas a través del país" a expensas de la "cruel violencia de los cárteles".
Existen casos de las "heridas más emblemáticas" de México -prosigue el informa-, como la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) en Iguala el 26 de septiembre de 2014, o la muerte de 22 civiles en un enfrentamiento con militares en Tlatlaya (Estado de México) el 30 de junio de ese año, de las cuales una docena de personas habrían sido ejecutadas judicialmente, según el ombudsman.
"Sin embargo, hay muchas otras localidades (...) que no han quedado exentas del dolor", expuso la organización.
El objetivo de Open Society Justice con el informe en el que participaron otras cinco organizaciones mexicanas, es que la justicia mexicana investigue esos crímenes.
Pero aclaró que "la posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces".
El gobierno mexicano "debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación", apuntó.
Las víctimas durante la guerra militarizada contra el narcotráfico "incluyen miembros de los cárteles delictivos pero también muchos 'falsos positivos': civiles acusados sin ningún fundamento (...) a menudo víctimas de tortura para que se auto incriminen o incriminen a otros, y frecuentemente víctimas de desapariciones o asesinatos".
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha negado a sacar el ejército de la estrategia contra las drogas, a pesar de las múltiples peticiones de organizaciones civiles nacionales e internacionales en ese sentido.
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