GOBIERNO, PATRONAL Y SINDICATOS DE ESTIBADORES VUELVEN A REUNIRSE HOY

Representantes del Gobierno, de la patronal Anesco y de los sindicatos de estibadores CETM, UGT y CCOO se volverán a reunir este martes para intentar llegar a una solución que evite la huelga anunciada para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero.
Así lo anunciaron tanto el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, como el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, tras la reunión celebrada el pasado viernes, que concluyó sin acuerdo.
Durante el fin de semana los representantes sindicales de los estibadores han podido analizar la documentación que el secretario de Estado les presentó el pasado viernes en la primera reunión sobre el real decreto ley que Fomento llevará al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.
En la reunión del viernes pasado se constataron posiciones enfrentadas entre el Gobierno y los representantes sindicales, que parece difícil de resolver en la reunión anunciada para este martes a las 12.00 horas, lo que llevó a los sindicatos a mantener las huelgas previstas.
La petición principal del colectivo sindical es la creación de un registro de estibadores, sobre el que Goya recalcó que “sería la forma de garantizar las actuales condiciones laborales, además del presente y el futuro del empleo en nuestro colectivo”, que cuenta en la actualidad con alrededor de 6.150 estibadores.
Ante esta petición, Gómez-Pomar respondió que la Comisión Europea no permite la existencia de un registro, aunque se mostró abierto a una posible negociación a apenas unos días de la previsible aprobación del real decreto ley.
La intención de la Unión Europea es acabar con la imposición de las empresas que pretendan trabajar en los puertos de España de participar en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), además de contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad.
El coordinador general de CETM informó de que la comisaria de Transporte de la UE les aseguró hace meses que la creación del registro no era ilegal, aunque “no se ve con buenos ojos en la Unión Europea”.
Por ello, Goya demandó la presencia de algún representante europeo en la reunión de este martes. Ante esta petición, Gómez-Pomar contestó que la Comisión Europea “no negocia con los trabajadores, sino con los gobiernos de los distintos miembros europeos”, por lo que auguró que en Bruselas no aceptarán sentarse a negociar.
Asimismo, recordó que España sufre desde julio de 2016 una multa diaria de 27.000 euros y si no se aprueba el real decreto ley, la multa ascenderá a 134.000 euros diarios, “que repercutirá directamente en los presupuestos de los españoles”.