EL GOBIERNO VETA EL DEBATE DE UNA REFORMA DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA PROMOVIDA DESDE CATALUÑA

El Congreso de los Diputados ha formalizado el veto del Gobierno a debatir si se tramita o no una proposición para reformar la ley de memoria histórica que fue aprobada por el Parlamento de Cataluña.
La propuesta aprobada por el Parlamento reclama modificar la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como ley de memoria histórica.
El texto aprobado por el Parlamento de Cataluña pretende declarar "nulos" los consejos de guerra sumarísimos celebrados por causas políticas en territorio catalán entre 1938 y 1975, entre ellos los que condenaron a muerte al anarquista Salvador Puig Antic o al presidente de la Generalitat Lluis Companys.
Además, la iniciativa reclama al Estado la restitución del dinero incautado por los franquistas en territorio republicano, y ese es el punto al que se agarra el Gobierno para vetar la toma en consideración de la propuesta en el Congreso de los Diputados.
El artículo 134.6 de la Constitución establece que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
En consecuencia, el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso prevé que una vez presentada la iniciativa, la Mesa de la Cámara la envía al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
Según publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado viernes, en su reunión del día 29 de mayo la Mesa del Congreso acordó que "no procede" someter esa iniciativa al debate de toma en consideración por el Pleno dada la "disconformidad" manifestada por el Gobierno en aplicación de esos artículos de la Constitución y del Reglamento.
Por tanto, la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña no será debatida en el Congreso de los Diputados. Durante su debate en la Cámara autonómica, varios portavoces habían alertado de que la Generalitat no es competente para llevar a efecto las previsiones de esa norma, por lo que tenían que ser en todo caso las Cortes Generales las que, en su caso, aprobaran ese texto.