La Comisión Gestora del PSOE ha decidido 'sacar' de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados a sus dos integrantes que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy, la catalana Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz, y ha quitado la portavocía a la aragonesa Susana Sumelzo, mientras que ha dejado sin cambios a los socialistas del 'no' a Rajoy que forman parte de las mesas de comisión, entre ellas la juez Margarita Robles, que seguirá presidiendo la de Justicia.
En cuanto a los otros tres portavoces que votaron no a Rajoy, la gestora ha decidido mantenerlos en sus puestos: Manuel Cruz al frente de la portavocía de Educación; Joan Ruiz en Política Integral; y María Mercè Perez en la del Pacto de Toledo. Los tres pertenecen al PSC..@mariojimenez: los cambios realizados no se hacen de acuerdo a criterios personales, sino políticos y para mejorar nuestro trabajo. pic.twitter.com/1Mzfyut4vF— PSOE (@PSOE) 17 de noviembre de 2016
Al contrario de lo que ha ocurrido con José Zaragoza,del PSC, y Pere Joan Pons del Partido Socialistas de Baleares, que serán sustituidos, la independiente Margarita Robles seguirá en la presidencia de la Comisión de Justicia. Zaida Cantera, la otra independiente por Madrid que no acató la resolución del comité federal de abstenerse, también ha sido relegada como portavoz adjunta de la comisión de Defensa. Su lugar lo desempeñará Adriana Lastra, uno de los miembros de la ejecutiva de Pedro Sánchez que se quedó con él hasta el final y que se abstuvo en la investidura "por imperativo" y que deja de ser portavoz en Administraciones Públicas para ocupar el puesto de Cantera en la Comisión de Defensa. Otra de las diputadas que votaron 'no' a Rajoy, la gallega Rocío de Frutos, es relevada como portavoz adjunta de la Comisión de Fomento.Las nuevas direcciones parlamentarias
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, quien ha detallado que la dirección del grupo parlamentario quedaría así: Antonio Hernando continuará como presidente y portavoz; el secretario general seguirá siendo Miguel Ángel Heredia; mientras que entre los portavoces adjuntos se mantiene a Isabel Rodríguez, Marisol Pérez y José Luis Ábalos, a los que se suma el abulense Pedro Muñoz, que releva a Sofía Hernanz.
En el Senado, otra de las fieles a Sánchez, la asturiana, como Javier Fernández, María Luisa Carcedo, hasta ahora secretaria general del grupo, también se queda fuera de la dirección en la Cámara Alta. Grupo que dirige, desde la defenestración de Óscar López el 3 de octubre, el también asturiano, Vicente Álvarez Areces. Entran Begoña Nasarre (Huesca) y Rosa Aldea (Palencia). Además, se promueve a la albaceña Matilde Valentín como nueva 'número dos' del grupo, en sustitución de la asturiana..@mariojimenez: se ha aprobado la estructura y la composición de @gpscongreso y @gpssenado, de acuerdo a criterios de capacidad y confianza pic.twitter.com/Qe3jyEXQFI— PSOE (@PSOE) 17 de noviembre de 2016
La quinta portavocía adjunta de la dirección quedará vacante hasta que se resuelvan las negociaciones en las que se han embarcado el PSOE y el PSC para replantear sus relaciones.
Los cambios decididos por la Gestora, que no se ha ensañado en demasía en sus castigos, afectan a los portavoces del Grupo Socialista, pero no a sus representantes en las mesas de las comisiones porque, según Jiménez, "la estructura institucional tiene que quedar al margen de los cambios del partido". De este modo, la magistrada en excedencia Margarita Robles continuará ocupando la presidencia de la Comisión de Justicia.
El portavoz de la Gestora, que no ha hablado de las posibles multas que pueda añadir la dirección del Grupo Socialista, ha justificado estos cambios tanto por la capacidad de los diputados que van a asumir la responsabilidad por "su conocimiento, experiencia y trayectoria", pero también por criterios de "confianza".600 euros de multa
Independientemente de la sanción de la gestora, el presidente del comité de disciplina del grupo parlamentario del PSOE, Luis Sahuquillo, informó a los disidentes del inicio del expediente dos días después de la votación de Rajoy como presidente el 29 de octubre. La previsión era imponerles una multa de 600 euros, la mayor sanción que contempla el reglamento interno del grupo parlamentario, en aplicación del artículo 33 por la "ausencia no autorizada a votaciones del pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente", según refleja este reglamento interno.
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