Se trata de un documento con vigencia hasta 2020 para reforzar la sensibilización y divulgación de la cultura de la prevención, potenciar estudios e investigación e impulsar el desarrollo y gestión efectiva de la salud laboral.
Este proceso, que se enmarca en el consenso establecido en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (CASSL), cuenta con la colaboración y aportaciones de todos los agentes sociales y económicos de la Comunidad.
Además, en este ámbito de la lucha contra la siniestralidad laboral, el Gobierno de Aragón ha tramitado convenios y subvenciones con los agentes sociales, así como con la Fundación Laboral de la Construcción.
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