En un comunicado este lunes, ha defendido que la existencia y funcionamiento de los CIE son "una exigencia legal incuestionable" del Derecho Comunitario y del ordenamiento jurídico español, sobre la que ninguna administración pública tiene margen de decisión alguno, ha recalcado tras la reunión, en la que las instituciones han criticado la reapertura del CIE hace dos semanas tras ocho meses en obras y pese a la orden de cese de actividad del Ayuntamiento.
Destaca que el ingreso en los CIE sólo puede producirse por orden judicial y que la estancia de extranjeros en los centros se produce bajo "estricta supervisión judicial", y que se han firmado convenios de prestación y asistencia jurídica y social con el Colegio de Abogados de Barcelona y con la Cruz Roja.
La Delegación del Gobierno ha señalado que los CIE están regulados en la Ley Orgánica de Extranjería y que están previstos como medida cautelar excepcional para asegurar la ejecución de órdenes de expulsión, adoptadas conforme al ordenamiento jurídico.
El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha explicado este mismo lunes que han encargado a los servicios jurídicos estudiar si se podría derivar alguna responsabilidad penal de la actuación del Ministerio del Interior tras la orden de cese de actividad del CIE, centro que ha negado el acceso en dos ocasiones a inspectores del Ayuntamiento, que ha pedido autorización judicial para acceder.
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