El Gobierno busca un acuerdo con la Junta que evite recurrir al TC la nueva Ley del Deporte de Andalucía

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

En concreto, Junta y Gobierno decidieron el pasado 4 de octubre poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con la "nueva redacción" dada a 28 artículos, cinco disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales de la Ley del Deporte de Andalucía aprobada a principios de julio por unanimidad de los cinco grupos del Parlamento andaluz.

DISCREPANCIAS SOBRE LICENCIAS Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

En los apartados de la nueva norma que cuestiona el Gobierno figuran los relativos a la regulación autonómica sobre ordenación de las profesiones del deporte; licencias deportivas y títulos habilitantes; asistencia sanitaria y seguro de responsabilidad civil; entrenadores, directores y monitores deportivos; o formación y enseñanzas deportivas.

La administración central también "discrepa" de toda la regulación de la Junta sobre el "ejercicio profesional del deporte", los títulos "homologados, reconocidos y equivalentes" y la habilitación tanto para "ejercer las profesiones del deporte" como para el "reconocimiento de la formación complementaria y experiencia laboral".

Ante las "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre la regulación andaluza, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".