Tras las declaraciones del Comité de Empresa del Centro Asistencial de Melilla, que considera "alarmante la situación de los pabellones de acogida de menores", Ventura ha aclarado que la Ciudad Autónoma mantiene desde hace años con esa institución un convenio de colaboración para la acogida y atención de menores no acompañados y socialmente desfavorecidos, convenio con una provisión inicial de 100 plazas residenciales para menores en diferentes dependencias del centro (Casa Cuna, Pabellón Hermano Eladio Alonso y Pabellón Sor Concepción (niños/niñas).
El importe que se ha destinado este año para hacer frente a los costes de personal y de la atención residencial de los menores es de 2.280.656 euros. Con esa partida, ha explicado, se abonan los contratos laborales de más de 45 personas de distintas categorías, así como la dieta menor/día, que supera los 63 euros. "El coste mensual de cada menor es de casi 1.900 euros", ha asegurado.
Ventura ha indicado que el Centro Asistencial también percibe como subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad --a través de la convocatoria de IRPF-- 250.000 euros para programas de infancia, por lo que el importe subvencionado para esas actuaciones se elevaría a 2.530.000 euros. "Aunque en ocasiones se producen repuntes en la ocupación de plazas como consecuencia de la propia dinámica migratoria de estos menores, suelen ser pasajeras y exigen un esfuerzo adicional del personal destinado en el centro", ha admitido.
Sobre la denuncia de hacinamiento, el titular de Bienestar Social ha apuntado que "aunque el número de menores impida prestar la atención más adecuada, tanto la Consejería de Bienestar Social como el Gobierno de la Ciudad tratan de que esa atención sea la mejor posible teniendo en cuenta los recursos existentes y las limitaciones presupuestarias". "La alternativa a la situación actual --ha añadido-- sería tener al excedente de menores en la calle, algo ilegal e inmoral".
Por último, ha recalcado que la entidad y los profesionales corresponde la guarda y los deberes de atención de los menores, que debe velar por ellos y aplicar en su caso el régimen sancionador previsto o dar por su gravedad traslado a las autoridades judiciales oportunas. "Si han tenido constancia de tales hechos y no los han comunicado a la autoridad judicial o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se están convirtiendo en encubridores de esas prácticas y están dejando en entredicho la labor pedagógica que se le encomienda para todos los menores y la labor de protección que deben cumplir", ha concluido.
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