El Gobierno sale del parapeto del TC y se enfrenta al 1-O apoyándose en la Fiscalía

Un año y 11 meses después de la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña del 2 de noviembre de 2015 que dio el pistoletazo de salida al proceso independentista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy ha pasado a la acción. Nada de parapetarse tras el Constitucional. Para que el Ejecutivo abandonara la tan criticada estrategia de dejar al alto tribunal esa pelea han tenido que tramitarse dos leyes fundamentales para una hipotética república catalana independiente. Solo entonces, Rajoy ha recurrido a su principal instrumento de política criminal: la Fiscalía. En la crisis de Estado desatada el pasado miércoles ha sido el Ministerio Público el que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la secesión.

Esta vez, a diferencia de en los pasos anteriores del ‘procés’, no hubo que esperar a una decisión previa de los magistrados del alto tribunal. El miércoles, con la ley del referéndum ya admitida a trámite en la Cámara catalana y en medio de la irregular tramitación para su aprobación que se estaba produciendo, la Fiscalía General del Estado anunció públicamente que preparaba una querella por desobediencia y prevaricación -luego ampliada a malversación- contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que apoyaron aceptar la tramitación de ese texto legal.

La decisión del máximo responsable de ese organismo, José Manuel Maza, llegó horas antes incluso de que el presidente del Gobierno diera órdenes a la Abogacía del Estado para que impugnara ante el Constitucional la resolución parlamentaria catalana de debatir y votar esa proposición de ley que habilitaba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar el referéndum de autodeterminación.

Hasta ese momento, la Fiscalía siempre había actuado a requerimiento del Constitucional -y no del Gobierno- en lo relativo al proceso independentista. Así fue en la anterior querella presentada contra Forcadell por permitir aprobar en el Pleno del Parlament las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, uno de los órganos creados con ese fin. Fue el alto tribunal el que anuló esa decisión de la presidenta y dedujo testimonio -es decir, denunció- a Forcadell ante el Ministerio Público, que solo entonces actuó.

En ese caso, el Constitucional hizo uso, por primera vez, del repertorio de medidas coercitivas del que lo había dotado el Gobierno de Rajoy en 2015, justo antes de perder su mayoría absoluta. La reforma de la ley orgánica del alto tribunal le permite imponer multas de hasta 30.000 euros, denunciar e incluso suspender a los cargos que, como Forcadell, desoyeran reiteradamente sus pronunciamientos.

El miércoles, con el anuncio y la posterior presentación de querellas por parte de Maza, el Ejecutivo decidió de hecho dejar de lado esa posibilidad. Nada de escudarse detrás de las decisiones de los magistrados. La intervención del fiscal general, además, tuvo un mayor peso específico -acciones penales contra miembros de los máximos órganos de la Cámara catalana- que la impugnación que presentó el Gobierno solo dos horas después.

Frente a la acción penal concreta de la Fiscalía adelantada por Maza, el incidente de ejecución de sentencia iniciado ante el Constitucional por el Gobierno un par de horas después sonó a bala de fogueo. El escrito, que trata de anular la admisión a trámite de la ley de referéndum y la modificación del orden del día del Parlament para introducirla, ni siquiera reclamaba la suspensión cautelar de esos actos mientras se decidía el ausunto, lo que hubiera invalidado la tramitación, aprobación y publicación y consiguiente entrada en vigor de la norma. Los magistrados, además, dejaron su estudio para el día siguente, jueves, cuando la norma tenía ya varias horas del pleno vigor.

Esta estrategia del Ejecutivo en dos frentes, poniendo a la Fiscalía como abanderada de la lucha, ha demostrado, sin embargo, una gran efectividad. Al no reclamar inicialmente la suspensión del debate de la ley en el Parlament, Rajoy permitió de hecho la escenificación de su tramitación irregular en la Cámara catalana, su aprobación, y la posterior convocatoria del referéndum mediante dos decretos firmados por todos los miembros del Govern. Gracias a ello obtuvo munición de gran valía.

Durante el debate y aprobación de esa norma, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, avisaron a Forcadell y otros miembros de la Mesa que admitirla a trámite podría suponer la comisión de delitos. El Consejo de Garantías Estatutarias -el órgano consultivo de la Generalitat- también emitió un informe avisando de que los grupos que se oponían a la norma (PSC, PP y Ciudadanos) tenían derecho a reclamar un dictamen de ese órgano, derecho que Forcadell y los promotores de la ley (Junts pel Sí y CUP) les negaron. Así pues, ni Forcadell ni el Govern podrían alegar que no estaban informados de las sucesivas ilegalidades que estaban cometiendo.

No fue hasta el jueves por la tarde cuando Rajoy decidió iniciar los trámites para parar en seco la ley. El Gobierno presentó su recurso de inconstitucionalidad con la petición expresa de que se suspendiera la norma mientras el Constitucional la estudiaba, petición a la que el alto tribunal accedió pasadas las nueve de la noche. El recurso, además de recoger las concretas vulneraciones de la Constitución que comportaba el contenido de la norma, calificaba su tramitación parlamentaria de “esperpento legislativo”.

“En 11 horas se ha admitido a trámite, se ha aparentemente publicado, se han dado dos horas para enmiendas, no se han admitido enmiendas a la totalidad y se ha impedido el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias”, mantenía el Ejecutivo. “Se ha retorcido el reglamento y los usos parlamentarios con el objeto de obtener la aprobación y la publicación del texto de forma urgente, con una práctica parlamentaria que no cabe calificar sino de carácter netamente totalitaria”, añadía en su recurso.Esperpento

Ese “esperpento” del que habla el recurso del Gobierno ha permitido, además, completar la querella del fiscal contra Forcadell y los miembros de la Mesa que lo apoyaron. Con él se justifica la presunta comisión de los delitos de desobediencia (al Constitucional) y prevaricación (realizar un acto injusto a sabiendas de que lo es). Pero también el de malversación no anunciado en un principio por Maza. Porque la actuación de todos ellos, al impulsar el referéndum ilegal, “pone en marcha un procedimiento que necesariamente implica un gasto público (…) orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas”. Los delitos imputados comportan penas de hasta ocho años de cárcel.

Rajoy tampoco se ha escudado en el Tribunal Constitucional para actuar, también a través de la Fiscalía, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 13 restantes miembros del Govern por los mismos delitos. Esta segunda querella, no anunciada previamente por el fiscal general del Estado, tampoco hubiera podido presentarse de haberse impedido la tramitación de la ley de referéndum en el Parlament.

En el caso de Puigdemont y los demás ‘consellers’ sus presuntos delitos -también desobediencia, prevaricación y malversación- se habrían consumado con la firma del decreto de convocatoria del referéndum y del de sus normas complementarias. Ambos textos, rubricados solemnemente por el Govern en pleno la misma noche del miércoles, solo podrían haber visto la luz gracias a la aprobación, publicación y entrada en vigor de la ley de la consulta.

La Fiscalía ha tenido, por último, una tercera actuación fundamental, la de sacar a los Mossos d’Esquadra de la disciplina de la Generalitat respecto al referéndum y ponerlos a servicio del Estado. En este caso, el Ministerio Público ni siquiera ha esperado a que se admitieran las querellas contra la Mesa y el Govern en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Fiscalía Superior de Cataluña y las provinciales de los cuatro territorios catalanes, siguiendo órdenes de Maza, han ordenado a la policía autónoma -también a la Nacional y a la Guardia Civil- que denuncien todos los actos de organización de la consulta realizados por cualquier autoridad, funcionario o particular y se incauten “de los efectos del delito”, ya sean papeletas, urnas, mesas… Cualquier objeto que sirva para ‘perpetrar’ la votación.