En una conferencia en el Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc) sobre perspectivas para la economía catalana en 2017, ha explicado que los cambios fiscales realizados por el Govern en los últimos años han permitido recaudar 1.080 millones de euros en 2016 y supondrán 1.281,2 en 2017 si se aprueban los Presupuestos planteados.
"El debate fiscal no empieza ahora, llevamos cinco años, y en recorrido, cada año las modificaciones que se puedan hacer harán una aportación más pequeña", ha argumentado, añadiendo que los tipos nominales de los impuestos que más recaudan son muy elevados pero el tipo efectivo es mucho menor por las deducciones, por lo que el margen de mejora está en este diferencial y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en aumentar más los tipos nominales.
Ha incidido en que la Generalitat tiene una capacidad de decidir sobre fiscalidad limitada, mientras que las decisiones impositivas del Estado tienen afectación en Catalunya, y es también el Gobierno central el que decide el techo de déficit, que para 2017 es de la mitad del que defiende la Generalitat (0,6% frente al 1,18%) por el peso del gasto autonómico.
Preguntado por el impuesto sobre activos no productivos propuesto por JxSí y la CUP y su dificultad de aplicación, ha considerado que en cualquier caso tiene una utilidad censal de identificación de activos que ahora no tributan y que puede incrementar la recaudación del impuesto de patrimonio.
En el ámbito productivo, ha apostado por fortalecer la industria y "gestionar adecuadamente" el crecimiento del turismo, advirtiendo que demonizarlo sería un error que Catalunya no se puede permitir.
POLÍTICAS SOCIALES
Aragonès ha señalado que hay una moderación de la pobreza y desigualdad en Catalunya pero todavía está "en unos índices extremadamente altos que se pueden cronificar, por lo que hay que seguir con una clara apuesta por las políticas sociales y de fomento de la economía productiva, para ver un cambio en estos datos en ejercicios futuros".
Ha añadido que normalmente se toma 2010 como referencia porque fue el año de máximo gasto, pero ha matizado que acabó con un déficit del 4,48% del PIB y una deuda muy elevada: "No deberíamos repetir eso".
Sobre la renta garantizada de ciudadanía que piden sindicatos y entidades sociales, Aragonès ha repasado que tal y como está planteada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tendría un coste de 3.950 millones, lo que supondría un "impacto muy grande" en el presupuesto de la Generalitat.
Ha considerado que se debe mejorar la política de rentas para que quienes no pueden trabajar puedan tener unos ingresos que eviten que caigan en la pobreza, pero con incentivo para volver al mercado de trabajo, y ha hecho hincapié en que cualquier decisión se debe poder pagar: "Tenemos el ejemplo de la ley de dependencia estatal, no debemos caer dos veces en el mismo error, y que lo que apruebe el Parlament se pueda cumplir".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios