El requerimiento de información fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, encargado de la investigación sobre Mercasa, la empresa pública que gestiona el abastecimiento de mercados de la que Pablo González fue director de Estrategia y Operaciones hasta que fue detenido el 19 de abril en el marco de la 'operación Lezo'.
Desde entonces, Pablo González se encuentra en prisión junto a su hermano, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y supuesto 'cabecilla' de una organización criminal que tenía a otra empresa pública, el Canal de Isabel II, como parte central de las supuestas irregularidades.
Un portavoz de FTI Consulting ha confirmado a Europa Press que los agentes de la Guardia Civil se personaron el lunes con la orden del juez José de la Mata y que la compañía colaboró con los investigadores "desde el primer momento". Los agentes estuvieron en la sede del Paseo de Recoletos durante toda la mañana y se llevaron información sobre "un periodo concreto que afecta al Consorcio de Mercasa".
FTI Consulting ha aclarado que ya no trabaja para Mercasa y que los agentes no realizaron ningún registro porque se les entregó la documentación requerida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Concretamente, se solicitó lo que se conoce como 'forensic', es decir, la auditoría financiera interna realizada por FTI por petición de la empresa pública de abastecimiento.
Los 'forensic' son unos informes complementarios a la auditoría de cuentas a las que las empresas están obligadas por ley, ya que los encargados de los mismos utilizan herramientas diseñadas para la investigación y prevención de todo tipo de fraudes. También pueden recopilar pruebas en el caso de que se constate que ya se ha producido el fraude.
El pasado 19 de abril, en coordinación con Eloy Velasco, por entonces juez titular del Juzgado Central número 6, De la Mata imputó a Pablo González y a otras nueve personas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Se trata de una pieza separada del denominado 'caso Defex', en el que se investiga la venta presuntamente irregular de armas a Angola por parte de esta empresa semi-pública. Concretamente, se investiga la firma de un contrato de Mercasa para montar un mercado mayorista --de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla-- en Luanda, capital del citado país africano.
Para ello, firmaron un contrato con la Administración pública angoleña por más de 500 millones de dólares por el que se obtuvieron comisiones ilegales que habrían desviado a su lucro personal.
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