Según ha informado un portavoz de la Comandancia de Melilla, los servicios se iniciaron a finales de los meses de abril y mayo del actual año, en de Melilla, con ocasión de los controles e inspecciones selectivas de la mercancía llegada vía marítima que lleva a cabo la Unidad de Análisis de Riesgos, dependencia en la que se encuadran guardias civiles y personal de la Aduana y Agencia Tributaria, y realizarlo sobre dos contenedores, con mercancías declaradas como "mercancías textiles variadas" y "cajas de bolígrafos".
Tras la apertura de dichos contenedores y reconocimiento físico de la mercancía, se apreció en el primero de ellos, el que portaba la mercancía textil, un contenido de 31 cajas, que contenían del orden de unas 11.850 gorras, quepis y similares, con visera y logotipo e inscripción de varias marcas comerciales deportivas, susceptibles por determinados indicios de no ser auténticas y corresponderse con las marcas comerciales registradas.
En relación con el segundo contenedor, apreciaron tras su apertura un contenido de 134 cajas con un total de 536.000 bolígrafos con el diseño de una marca comercial muy conocida, susceptibles de ser manifiestamente falsas, lo que motivó, al igual que en caso anterior, su intervención cautelar e instrucción de diligencias judiciales, al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial, y la práctica de gestiones para determinar el origen de la mercancía, su consignatario y destino presumible de la misma.
El portavoz policial ha subrayado que las gestiones realizadas con los representantes legales de las marcas en España y las pruebas periciales realizadas, confirmaron la falsedad de los productos intervenidos, apreciándose respecto de las gorras una falsificación de los productos "muy buena, tanto por el material utilizado para su fabricación, como el de los embalajes", prácticamente igual a los originales y que inducían a error respecto de los auténticos.
El valor conjunto de la mercancía intervenida supera los 400.000 euros.
El destino final de la mercancía falsificada intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de la ciudad, y por su cantidad, también en Marruecos.
Los consignatarios de ambas mercancías son dos empresarios afincados en la Ciudad, uno de nacionalidad española y otro marroquí con tarjeta de residencia comunitaria, que han pasado como investigados a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la autoridad judicial que entiende del caso.
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