Liberarán a líder antiminero que compitió por presidencia de Perú desde prisión

El popular líder antiminero Gregorio Santos, quien compitió por la presidencia de Perú desde prisión, será puesto en libertad tras pasar más de dos años en la cárcel sin sentencia, en medio de un juicio por corrupción, informó el martes su abogado.

"Deberá afrontar el proceso judicial en su contra en libertad y con mandato de comparecencia", luego que un tribunal rechazó un pedido para ampliarle el período de prisión preventiva, dijo a la prensa Fernando Ugaz, abogado de Santos.

Pese a estar tras las rejas, Santos se postuló a la presidencia de Perú por el partido Democracia Directa logrando el 4% del respaldo popular (613.173 votos), en una posición incluso mejor que la de otros adversarios que competían en libertad.

La elección presidencial, que tuvo lugar el 5 de junio, la ganó en segunda vuelta el economista liberal Pedro Pablo Kuczynski.

Estando en la cárcel Santos, un dirigente antiminero, también fue reelegido como gobernador de la región Cajamarca (norte), un departamento agrícola y ganadero donde la mayoría de sus habitantes se opone a nuevos proyectos mineros pues consideran que contaminan sus recursos naturales, principalmente el agua de sus lagunas.

La participación de Santos fue clave para impedir la realización del proyecto cuprífero Conga, una sociedad integrada por la estadounidense Newmont y la local Buenaventura.

La minería es importante para la economía de Perú, que es el segundo mayor productor mundial de plata, tercero de cobre y quinto de oro.

"Ya no hay nada pendiente, ya no hay más pedidos, Santos saldrá en libertad en las próximas horas, solo es cuestión de trámites", dijo Ugaz.

El excandidato permanecía en prisión desde mayo de 2014 por los presuntos delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y colusión en agravio del Estado debido a supuestos malos manejos en su administración.

La fiscalía pidió 24 años de cárcel para Santos porque asegura que existen hechos "sumamente graves" que ameritan la ampliación de encarcelamiento preventivo. Para sus simpatizantes, se trata de una represalia por su posición antiminera.