Un líder indígena hondureño exhortó este miércoles a legisladores estadounidenses en Washington a cortar la ayuda al ejército del país centroamericano, al que acusa de asesinatos y persecución contra activistas críticos de proyectos de minería en tierras ancestrales.
Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), dijo a la AFP que pidió a los congresistas "cortar la ayuda militar que le da Estados Unidos, apoyo económico y logístico para el Ejército y la policía" hondureña.
Gómez, que sustituyó al frente del Copinh a Berta Cáceres, una reconocida dirigente indígena y ambientalista asesinada a balazos en marzo, acusó al ejército de estar "involucrado" en ese y "varios asesinatos contra dirigentes indígenas".
En Washington, en el marco de una gira del 7 al 22 de junio por varias ciudades de Estados Unidos, Gómez se reunió con seis integrantes de la bancada del Caucus Progresista del Congreso (CPC) y otros funcionarios legislativos de la Cámara de Representantes y el Senado.
Su visita al Congreso coincidió con la presentación de un proyecto de ley -entregado por seis legisladores demócratas- para suspender la ayuda a Honduras hasta tanto el país centroamericano investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del ejército y la policía.
El proyecto, bautizado "Berta Cáceres", contempla el bloqueo de más de 12 millones de dólares de ayuda militar a Honduras, pero su aprobación es una incógnita en un Congreso controlado por los republicanos.
Gómez también criticó el millonario plan de Alianza para la Prosperidad, que la Casa Blanca apoya para combatir la migración clandestina desde Centroamérica. Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares para Honduras, El Salvador y Guatemala.
"Vemos que todo eso va a fortalecer al ejército y la policía", dijo.
El Copinh se enfrenta en Honduras al desarrollo en tierras indígenas lencas de unos 50 proyectos mineros y energéticos, que el gobierno de Juan Orlando Hernández entregó a empresas hondureñas y a multinacionales estadounidenses, canadienses y europeas.
En visión de Gómez, las fuerzas de seguridad aportan el músculo para proteger las empresas y los proyectos, arremetiendo a través de amenazas contra grupos críticos como el Copinh.
Cortar el financiamiento estadounidense también aumentaría la presión internacional para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres, dijo Gómez.
Cinco personas están presas por el caso, pero los activistas presionan por que se determinen los "autores intelectuales" del crimen.
El Copinh exige la conformación de una "comisión independiente" apadrinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, sin embargo, enfrenta una profunda crisis financiera.
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