Cuando las aguas parecían haber amainado para la diputada popular de la Asamblea de Madrid María José Aguado del Olmo, la Audiencia Nacional ha remitido un auto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se relata cómo la política sería presuntamente responsable de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos por su presunta participación en los hechos relativos al Ayuntamiento de Arganda del Rey del caso Gürtel.
En noviembre del año pasado, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, citó en calidad de investigada a María José Aguado del Olmo. No obstante, el magistrado, dada la condición de aforada de su señoría, dictó un nuevo auto en el que dejó sin efecto la imputación y le ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ahora, De la Mata ha vuelto a la carga y ha remitido el caso al TSJM, que sería el encargado de juzgarla dada su condición de aforada. Además, ha pedido al tribunal que se pronuncie sobre si reclama el conocimiento respecto de las personas investigadas no aforadas que están vinculados con estos hechos: Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Ginéz López Rodríguez, Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.
De esta manera, el juez señala en la exposición razonada que "la actividad presuntamente delictiva de la aforada, María Josefa Aguado del Olmo, queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las "X OLIMPIADAS ESCOLARES" a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".Cometió actos arbitratios para beneficiar al Grupo Correa
De la Mata sostiene así que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos "decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".
Además, añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.Cobro de comisiones desde 1999
En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".
La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Una de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.
Según el juez, la diputada como Jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en 7 facturas tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente". Por otro lado, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. La aprobación se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.
“En definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”, concluye el titular del juzgadoEsperanza Aguirre declarará el jueves por ello
La propia Esperanza Aguirre tendrá que declarar este jueves por el fraccionamiento de contratos que hacía la Comunidad de Madrid a las empresas de la red Gürtel, presumiblemente para evitar que entrasen a concurso público.
En este sentido, un informe de la Unidad de Auxilio Judicial señalaba que la región fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en contratos menores (de menos de 12.000 euros) para eludir que las empresas tuvieran que concurrir públicamente.
Es sobre ello, y no sobre su “condición política”, por lo que deberá responder Aguirre, ya que, según los propios imputados en la trama, este sistema fradulento era “el pan de cada día”. Es más, la administradora de las empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán, quien dijo -como también hizo Javier Nombela, encargado de la facturación de varias empresas de la trama Gürtel- que era una exigencia de la propia Comunidad.
También otros acusados corroboraron este método de facturación, como Pablo Crespo o el exconsejero de Aguirre Alberto López Viejo, quien aseguró que el fraccionamiento de contratos ya estaba instaurado previamente a su nombramiento como viceconsejero en 2004.PP aclara que hasta no sea llamada como investigada no entra en vigor el código éticoPor su parte, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha aclarado que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) llame a declarar a su diputada Josefa Aguado en concepto de investigada no entra en vigor el código ético por el que los diputados populares se han comprometido a renunciar a su acta en caso de resultar imputados formalmente."Respetamos las decisiones judiciales y tendrá que ser el TSJM el que decida ahora a la vista del informe del juez si la llama o no en concepto de investigada", ha manifestado un portavoz del Grupo Popular, para agregar que entretanto no entra en vigor el código ético.En aplicación del código ético dimitió el diputado y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz, imputado en la trama Púnica. El Código Ético firmado por todos los diputados populares a principios de la presente legislatura recoge que deberán abandonar su acta en el caso de que resulten investigados formalmente por un delito de corrupción o que genere alarma social.También ha dimitido durante la legislatura que inició Cristina Cifuentes como presidenta el expresidente de la Asamblea y exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que tuvo que declarar en calidad de investigado tras tener un accidente de coche y dar positivo en el test de alcoholemia.
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