El abogado Miquel Roca, que forma parte del equipo jurídico que defiende a la Infanta Cristina en el 'caso Nóos', explicará este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el supuesto chantaje de tres millones de euros que le propusieron a cambio de que Manos Limpias retirara su acusación contra la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'.
Pedraz interroga desde el lunes hasta el viernes a trece testigos en el marco de la causa en la que investiga por delitos de extorsión al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, con la promesa de no interponer acciones judiciales o no difundir noticias negativas sobre personas físicas y entidades financieras.
El magistrado interrogará también este martes a quienes fueran directores de comunicación del BBVA Javier Ayuso e Ignacio Moliner; mientras que el miércoles será el turno del ex director general de Comunicación de Caja Madrid Juan Astorqui; del expresidente de Credit Services Francisco Javier López Pérez; del expresidente de Novagalicia José María Castellano; y del portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.
El día siguiente, comparecerán en calidad de testigos los directivos de Catalunya Banc Joan Rafols Llach y Ramón Luis García Torre; así como el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
La relación entre Bernad y Pineda comenzó a raíz de una causa abierta contra Blesa en un juzgado de Madrid por la compra del Banco de Florida, que finalmente fue archivada. Pedraz concluirá el viernes los interrogatorios con quien fuera abogada de Manos Limpias Montserrat Suárez.
COLABORACIÓN EN LOS CASOS 'BLESA' O LOS 'ERE'
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga la reclamación de Luis Pineda para que Manos Limpias "plegara velas" contra la hermana del Rey Felipe VI, a la que acusa de ser cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarin.
Pedraz sospecha que otro de los casos en los que Bernad colaboró con Pineda fue en el caso de los 'ERE', en el que este último pactó con Unicaja la declaración judicial que debía prestar el presidente de la entidad, Braulio Medel, para dar credibilidad a la retirada de la acusación a cambio de un millón de euros.
El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas -- encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas-- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.
En la causa, se han personado como perjudicados el BBVA y el portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez, que denunció una "campaña de difamación" por parte de Pineda, quien llegó a pagar para que empapelaran las calles de varias ciudades con su rostro y el texto "se busca".
Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
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