Moix consigue por primera vez unir a la Fiscalía: coincide en que debe dimitir

Moix ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible: unir a toda la Fiscalía. ¿El motivo? Pedir explicaciones urgentes sobre su vinculación con una empresa offshore en Panamá, de la que posee un 25% desde 2012. De lo contrario, aseguran, debería dimitir.

"Está completamente fuera de toda ética que un Fiscal Jefe Anticorrupción tenga una empresa de este tipo y no haber informado de ello. Deja la imagen de la Fiscalía por los suelos. Debería hacer un ejercicio de honradez y dimitir ya", han explicado gran parte de los fiscales, que día a día luchan contra la corrupción. 

Para muchos de sus compañeros, las explicaciones que se han dado son "inconsistentes". "Se ha publicado que sus hermanos no quisieron aceptar la donación de su parte de la empresa. Eso se soluciona con un documento de carácter privado donde se dé fe de que eso es cierto. También se dice que no tenían dinero para liquidarla, cuando la liquidación de una empresa es algo poco costoso y fácilmente asumible si se tiene en cuenta que tanto él como los hermanos tienen buenos puestos de trabajo", ha continuado.

"Es inaudito que Moix tenga una empresa en un paraíso fiscal, con independencia de que haya declarado o no a Hacienda su titularidad. No hay más opciones: o dimite o se le cesa", ha enfatizado otro compañero.Las asociaciones, unidas contra Moix

En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en un mensaje publicado en Twitter también ha criticado a Moix. "Censuramos la falta de ética del Jefe Anticorrupción por su participación en sociedad radicada en paraíso fiscal y exigimos explicaciones", ha señalado.NOTA DE PRENSA sobre la Fiscalía Anticorrupción y su jefatura. #Moix #MoixPanamá pic.twitter.com/7KggLor1lX— UPFiscales (@UPFiscales) 30 de mayo de 2017

Igualmente, la conservadora Asociación de Fiscales ha exigido a Moix que en las próximas horas dé "oportuna respuesta a este tema". "Tiene que dar ya explicaciones pertinentes", ha afirmado su portavoz Jesús Alonso, en declaraciones a Efe.

Desde la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales, su portavoz, Miguel Pallarés, ha calificado la noticia de "sorprendente" y ha dado un plazo a Moix de 24 horas para que dé explicaciones y aporte la documentación que aclare todo esto asunto "muy confuso". Ahora bien, ha querido dejar claro que ni ahora ni nunca "al frente de la Fiscalía Anticorrupción puede estar una persona que esté vinculada con un paraíso fiscal", algo que "la ciudadanía no puede entender".Posibles incompatibilidades

Las críticas de sus colegas de profesión no es el único escollo al que se deberá enfrentar Moix. El Fiscal Anticorrupción podría estar incurriendo en una incompatibilidad con respecto a su cargo.

De esta manera, el articulo 57.8 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el "ejercicio de cargos fiscales es incompatible con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género".

De producirse, se aplicaría el artículo 60 del citado Estatuto, que califica la conducta como falta muy grave y establece las sanciones que se pueden imponer a los fiscales por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son advertencia, multa de hasta tres mil euros, traslado forzoso a Fiscalía con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera destinado y suspensión de hasta tres años o separación del cargo.Un mandato marcado por la polémica

No es la primera polémica que protagoniza Moix. Las desavenencias en el caso Lezo, la decisión de apartar a los fiscales del 3% o la denuncia que ha tramitado contra tres colegas han prendido la mecha que ha hecho estallar un verdadero polvorín a todos los niveles.La polémica comenzó desde el momento mismo de su nombramiento. Nada más conocerse su elección, sus propios colegas manifestaron su descontento. Consideraban que se había hecho con el puesto por su "afinidad al PP", que nunca había pasado por Anticorrupción y que había candidatos con más méritos.Tanto es así que no lo apoyaban ni los fiscales anticorrupción (Fernando Bermejo, Carlos Yáñez, Carmen García o José Grinda), quienes se inclinaban por Belén Suárez, ni por la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien apostaba por Alejandro Luzón.La primera batalla no tardó en librarse. En plena 'operación Lezo' se filtró una noticia rara vez vista en España: los fiscales del caso habían invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para oponerse a la orden de Moix de impedir uno de los registros. Este se vio obligado a convocar una junta extraordinaria y, tras comprobar que todos sus compañeros eran contrarios a su criterio, reculó y aceptó el registro. Tras esta victoria, el fiscal Carlos Yañez, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, anunció que no tenía previsto renunciar como fiscal del caso, tal y como se había rumoreado.No tardó mucho Moix en responder. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, relevó a los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda en el conocido como 'caso 3%'. La decisión venía de la mano del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que insistió en el asunto nada más acceder al cargo por desconfianza hacia ellos. No se contentó con eso.Moix dio curso a una denuncia por coacciones y amenazas presentada el pasado 28 de marzo por un imputado en la operación Emperador contra Fernando Bermejo, José Grinda y Juan José Rosa. El Consejo Fiscal dio la razón a Moix y parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. No obstante, la tormenta ha estallado más fuerte que nunca y ahora tanto Moix como Maza tendrán que volver a hacer frente a la misma petición: o le cesan o le obligan a renunciar.