El colectivo ha destacado en un comunicado que "las presiones de parte de los equipos jurídicos de las entidades bancarias sobre los profesionales de oficio es una realidad ante la que el ICAM no puede quedar en silencio".
"La precariedad laboral en el mundo de la abogacía da lugar a que dichos profesionales se vieran sometidos a incumplir con sus obligaciones en relación a sus representados", han señalado.
Así, ha subrayado que los ciudadanos tienen derecho a que se les designen, cuando "sea acreedor de justicia gratuita o por el turno de oficio abogados, procuradores u otros profesionales especializados en la materia para la que son designados".
Para ello, los colegios profesionales elaborarán listas de estos profesionales por especialidades que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de ser designados.
"Los ciudadanos tienen derecho a que su abogado o procurador le facilite copia de los escritos y resoluciones que se presenten o dicten en los procedimientos por él instados", ha agregado.
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