Así lo ha señalado en rueda de prensa el vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín, quien ha asegurado que Díaz "no quiere ni hablar de crisis de gobierno" porque "no le viene bien a sus intereses personales". "Está en precampaña y sin saber cuál es su futuro después de las elecciones del 26 de junio. No le viene bien que ciudadanos se den cuenta del desastre de gobierno que ella ha elegido", ha advertido.
En el caso de Arellano, el consejero declaró como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto para construir el Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense. En este sentido, el PP-A ha apuntado que el consejero "sigue amparado, protegido y justificado por Susana Díaz y por Ciudadanos".
En el caso del consejero de De Llera, el PP-A ha recordado su reprobación por el Parlamento de Andalucía por sus declaraciones en un medio de comunicación en las que afirmó, entre otras cuestiones, que los jueces de instrucción "actúan con si fueran reyes de taifa" y que los fiscales "no son independientes" porque pueden "recibir instrucciones de superiores jerárquicos según el color político", unas declaraciones por las que el consejero pidió posteriormente sus "más sinceras disculpas".
Martín ha indicado que, si bien, la actitud de Díaz, incluso antes de que se votara la reprobación "demostró que desprecia al Parlamento". "Y eso no es sólo una grave falta de respeto al Parlamento de Andalucía, también lo es para con las propias organizaciones profesionales andaluzas y, en este caso en concreto, para las asociaciones de jueces de Andalucía que pidieron el cese de Llera", ha señalado.
En concreto, las secciones andaluzas de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente difundieron este pasado jueves un comunicado conjunto en que sostenían que el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, "queda inhabilitado para ejercer cualquier responsabilidad" en este departamento y solicitaban su cese a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, si no abandona el cargo.
Martín ha asegurado que este hecho es "gravísimo" porque refleja que en este momento "el Gobierno andaluz tiene rotos todos los puentes, no ya de entendimiento, sino también de diálogo con la Justicia en Andalucía".
Por ello, ha subrayado que es evidente que la Justicia no puede funcionar si quien está encargada de dotarla de medios humanos y materiales mantiene un enfrentamiento abierto de estas características con los profesionales en esta materia.
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