En la iniciativa, consultada por Europa Press, también se pide que el Parlamento manifieste su rechazo a la utilización del régimen disciplinario para impedir que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan defender sus derechos y puedan trasladar sus demandas a las instituciones democráticas.
Asimismo, se insta a la Junta a que demande al Gobierno central derogar el nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de 2016, e impulsar la aprobación y aplicación de un nuevo texto legal para los guardias civiles en su quehacer cotidiano como policías que recoja las necesidades y demandas de este cuerpo.
El PSOE-A también espera que, a través del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, en el ámbito de sus competencias, se paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión.
Otra demanda a la administración central consiste en mejorar las condiciones laborales, profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil para que éstos puedan ejercer su trabajo policial en condiciones dignas y puedan avanzar en la plenitud de derechos de representación colectiva.
Según el grupo socialista, la situación que se está produciendo en el seno de la Guardia Civil no tiene precedentes, ya que, siendo la institución mejor valorada por la ciudadanía, sus miembros manifiestan continuamente las "precarias condiciones laborales, profesionales, económicas, sociales y de derechos en las que se encuentran".
Agrega que las asociaciones profesionales reclaman unas condiciones laborales dignas, con jornadas que respeten derechos; unas retribuciones que sean justas en función de las especiales y peligrosas funciones que tienen encomendadas; unos medios materiales modernos, o una carrera profesional donde realmente prime el mérito, la capacidad y la igualdad y que "arrumbe la doctrina de que sólo quien hace del silencio o de la renuncia de derechos su quehacer vital, prospere".
Se trata, según el grupo socialista, de que los guardias civiles tengan los mismos derechos que otros ciudadanos y puedan reivindicar una prevención de riesgos laborales real y eficaz, puedan hacer uso de las medidas de conciliación laboral y familiar sin ver perjudicada su carrera y sus puestos de trabajo, así como ejercer con libertad sus derechos de representación colectiva en la defensa de sus derechos económicos, sociales y profesionales.
El PSOE-A añade que el nuevo Código Penal Militar, que entró en vigor en enero de 2016, ha sido apoyado exclusivamente por la mayoría absoluta del Partido Popular, "sin haber tenido en cuenta las necesidades del colectivo de la Guardia Civil".
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