Este servicio permite a los reclusos recibir asesoramiento sobre cuestiones relativas al cumplimiento de penas, permisos y trabajo penitenciario, además de facilitarles las gestiones para que se les asigne un abogado de oficio, redactar solicitudes o recursos o contactar con la Junta de Tratamiento para pedir revisión de grados o acceso a la libertad condicional.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado argumenta que en la actualidad no todos los reclusos tienen acceso a este servicio porque su prestación depende del interés que muestren en prestarla los colegios de abogados de cada territorio.
COBRO DE HONORARIOS DE LOS LETRADOS
"Este modelo crea desigualdad y desprotección", denuncia, a la vez que añade que tampoco garantiza el cobro de los honorarios a los letrados que asesoran a los internos y que, en cualquier caso, éstos suelen ser "extremadamente bajos teniendo en cuenta el alto grado de especialización, el tiempo dedicado y la peligrosidad" de la tarea.
Hurtado recuerda que el propio Ministerio del Interior ha manifestado reiteradamente su interés en propiciar este servicio en todos los centros penitenciarios y recalca que no supone coste adicional alguno para la Administración Penitenciaria.
Por todo ello, el PSOE quiere que la Comisión de Justicia del Congreso inste al Gobierno a crear un servicio de orientación jurídica penitenciaria cubierto por el sistema de justicia gratuita, con una regulación reglamentaria unificada para el todo territorio nacional. Asimismo, demanda que los colegios de abogados reciban una asignación económica por asistencia en prisión o por cada letrado de guardia.
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