Un juez debe decidir a más tardar el viernes si impide salir del país a la primera dama y jefa del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, acusada de lavar activos por supuestamente no declarar dinero de Venezuela y empresas brasileñas para las campañas de su esposo Ollanta Humala.
El caso que impulsa la fiscalía llegó a tribunales el jueves, cuando faltan seis semanas para que finalice el mandato de cinco años del presidente Humala, lo que marca un punto de quiebre al involucrar judicialmente por primera vez a la esposa de un presidente en ejercicio.
"Existen elementos suficientes para que usted dicte, señor juez, la medida de impedimento de salida por el plazo de cuatro meses", dijo el fiscal Germán Juárez, autor del pedido, para quien "es palpable el riesgo de fuga de la señora Nadine Heredia estando cerca el fin del mandato de su esposo Ollanta Humala".
Según Juárez, Nadine Heredia habría encabezado "una organización delictiva" que lavó el dinero que ingresó al Partido Nacionalista entre 2006 y 2011, año en que Humala aspiró con éxito a la presidencia.
El Ministerio Público busca determinar el origen de los fondos que financiaron esas campañas. La tesis de la fiscalía es que el partido gobernante consignó aportes falsos por cinco millones de soles (1,5 millones de dólares).
Los fondos para financiar esas campañas provinieron del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, señaló el fiscal el jueves citando a un "colaborador eficaz".
El fiscal aseguró en la audiencia que tiene en su poder una carta del expresidente Chavez a Heredia, escrita con tinta roja, donde señala que envió dos millones de dólares.
El abogado defensor de la primera dama, Eduardo Roy, desestimó las imputaciones de la fiscalía, todas "en base a especulaciones" señalando que no se justifica impedir a Heredia salir del país.
La fiscalía formalizó el ocho de junio la acusación a la primera dama, a su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia y su amiga Rocío Calderón como "coautores de la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en agravio del Estado peruano".
Desde 2006 la oposición acusó a Humala y a su entorno de haber recibido financiamiento del chavismo venezolano, con el que el Partido Nacionalista peruano tenía cercanía en esos años.
La fiscalía de lavado de activos retomó el caso el 2015 con nuevos elementos para determinar si las donaciones para la formación de la agrupación nacionalista y para la campaña fueron hechas de forma legal.
Humala descartó en su momento algún tipo de financiamiento del gobierno venezolano pero admitió que recibieron donaciones probadas del extranjero, de forma legal.
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