Según consta en el escrito provisional del fiscal, consultado por Europa Press, el acusado habría llegado a suscribir un contrato con el Colegio Diocesano de San Ildefonso, entidad perteneciente al Obispado de Almería, para realizar unos vitrales que debían estar listos antes del 1 de septiembre de 2009.
Así, tras el acuerdo alcanzado el 12 de marzo de ese mismo año, el administrador único de la mercantil contratada se embolsó 42.000 euros por el trabajo así como otros 1.960 euros en concepto de IVA pese a que era "consciente" de que "por su mala situación económica sería imposible realizar el trabajo", según el Ministerio Público.
Con ello, considera el fiscal que el empresario actuó "guiado por un ánimo de enriquecimiento injusto", ya que habría incorporado tal cantidad a su patrimonio "sin haber realizado el trabajo pactado" y sin haber devuelto el dinero, que ha sido reclamado por el Obispado, que también está presente en el proceso como acusación particular.
La Fiscalía, que imputa al procesado la presunta comisión de un delito recogido en los artículos 248 y 249 del Código Penal, interesa además la apertura de una pieza de responsabilidad civil y que se requiera al acusado el afianzamiento de las cantidades, ya sea de modo directo o subsidiario.
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