En este sentido, en la moción acordada unánimemente se plantea el compromiso destinar esfuerzos y presupuestos suficientes para, que social e institucionalmente, exista tolerancia cero contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Se recoge destinar al menos un cinco por ciento de los presupuestos de 2017 para políticas de igualdad y contra la violencia de género, un montante que se ejecutará de forma transversal en todas las delegaciones y se destinará principalmente a programas de prevención y sensibilización, con acciones directas y estructurales.
Por último, en el acuerdo se insta al Congreso de los Diputados a modificar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para dotarla de "un carácter verdaderamente integral", donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrollen las medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales y efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas.
En su intervención, la concejal de IU Eva Oliva pide políticas contundentes para luchar desde raíz contra las violencias machistas, criticando que "no sea una prioridad política". "Las mujeres nos queremos vivas y libres, frente a quienes nos quiere en la precariedad y como mano de obra barata, en situaciones de vulnerabilidad", recalca.
La delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz (PSOE), afirma que "la violencia es la manifestación más cruel de esa desigualdad entre hombres y mujeres" y añade que los recursos no son suficientes y que no debe haber pugna entre las Administraciones, sino "aunar el esfuerzo para combatir la situación de esas mujeres que viven un auténtico calvario en sus casas". Ve "inconcebible que los números aumenten en las nuevas generaciones, criadas en democracia, algo incomprensible", señalando que hay "programas televisivos que en dos minutos se cargan años de lucha".
La concejal del PP Pía Halcón señala que la lucha contra la violencia de género está "por encima de cualquier ideología o partido político" y que se cometería "un grave error si se politizara algo que está costando la vida a tantas mujeres en España, por lo que sólo cabe la tolerancia cero". A la par, ha defendido las medidas nacionales desarrolladas en este aspecto, señalando la necesidad de "educar y formar, además de establecer pilares para proteger a las mujeres".
El edil de C's Javier Moyano considera que esta es una "cuestión de estado" y afirma que esto "se trabaja en las familias y en las escuelas para que no se instalen esos roles". Señala que desgraciadamente se está viviendo con unas nuevas generaciones de jóvenes marcados por las nuevas tecnologías en una sociedad "muy pendientes unos de otros", pareciendo en muchos casos que se va "hacia atrás", ahondando en esos roles, por lo que insta a "poner las cartas sobre la mesa y actuar, principalmente desde la educación".
La edil de Participa Sevilla, Susana Serrano, lamenta que se "normalicen" los asesinatos por violencia machista y plantea como solución para "desnaturalizar esa lacra social es politizarla, buscando el marco que las hace posible y llevar a cabo soluciones que pasan por el feminismo". "Es un problema transversal que afecta a todas las capas de la sociedad", añade, incidiendo en que deben ser prioridad las actuaciones en este marco.
ACTUACIONES EN LOS CENTROS CÍVICOS
De otro lado, el Pleno ha también ha respaldado unánimemente la moción de IU sobre el refuerzo de los centros cívicos. En este marco, la moción apuesta por que se refuerce el personal, cubriendo las bajas y las vacantes actualmente existentes y ampliando la plantilla para garantizar el correcto funcionamiento de los espacios; además de realizar, de cara a los próximos presupuestos, un estudio de los servicios o programas privatizados en los centros cívicos, planificando la recuperación de todos ellos.
Asimismo, se apuesta por abrir un proceso de diálogo y de negociación desde el gobierno local con los representantes de los trabajadores de los centros cívicos para abordar demandas de la plantilla como las relativas a cobertura de vacantes, calendario laboral o Relación de Puestos de Trabajo (RPT), entre otros. Por último, propone elaborar un plan de modernización de la red de centros cívicos, con la participación de la plantilla, dotándolo presupuestariamente para 2017, para afrontar sus carencias y mejorar el servicio.
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