La Policía filipina reconoce que el número de narcotraficantes muertos ha crecido desde las elecciones

EUROPA PRESS

Según los datos ofrecidos por las autoridades, el mes posterior a las elecciones fueron 29 supuestos narcotraficantes abatidos, mientras que de enero hasta las elecciones, poco más de cuatro meses, habían sido 39 en total, menos de diez por mes.

Todos ellos fueron abatidos durante operaciones contra el narcotráfico lanzadas por la Policía, tal y como indica la agencia filipina GMA. Asimismo, el número de detenidos también se ha incrementado en un 8 por ciento después de los comicios.

Sin embargo, el portavoz de la Policía, Wilben Mayor, ha puntualizado que estos datos son todavía inconclusos, porque los números que corresponden a los primeros cuatro meses del año son tan sólo una estimación.

"La razón por la que los sospechosos fueron abatidos es porque se vieron involucrados en tiroteos con los agentes de la ley", ha asegurado. "Y en base a las circunstancias que rodean a los incidentes, parece que hay un peligro inminente contra los agentes", ha añadido.

CRUZADA DE DUTERTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En línea con su campaña electoral, centrada en acabar con la delincuencia en el país, una vez elegido Duterte se ha comprometido a pagar recompensas a la Policía y a militares por cada narcotraficante que consigan abatir. En una rueda de prensa, el mandatario electo dijo que no estaba hablando de matarles, "sino que la orden es 'vivo o muerto'".

Sin embargo, el portavoz de la Policía ha explicado que no se puede concluir que este incremento en las cifras se deba a estas declaraciones, ni tampoco a las del superintendente de la Policía designado por el presidente electo --que asumirá el cargo el próximo 30 de junio--, Roland 'Bato' de la Rosa, quien aseguró que tenía preferencia por eliminar a 'señores de la droga' y sospechoso de delitos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.

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