MANUEL COBO RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE LA OFICINA DEL CARGO POPULAR POR RAZONES “PURAMENTE PERSONALES”

Manuel Cobo, que fue nombrado presidente de la Oficina del Cargo Popular el pasado 22 mayo, ha presentado su renuncia para presidir este órgano interno de prevención y control de las prácticas corruptas, alegando razones “puramente personales”. Hasta el próximo Comité Ejecutivo Nacional, la exdiputada Beatriz Rodríguez-Salmones será la presidenta en funciones.
Así lo explicó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que se dio cuenta de la situación personal del que fuera vicealcalde de Madrid en la época de Alberto Ruiz Gallardón.
“Pido que respeten, como es lógico, la situación concreta”, comenzó Maíllo, que se remitió a las razones “puramente personales” de Cobo para dejar por el momento este cargo. En el próximo Comité Ejecutivo Nacional, prosiguió, “se nombrará a otra persona” para estar al frente de este órgano de nueva creación.
Agradeció a Cobo que aceptara la propuesta hace dos semanas en un momento “complicado” para él. “Lo ha intentado y no ha sido posible”, constató, antes de trasladarle todo el “afecto y cariño” de su partido. “Estamos seguros de que pronto se va a incorporar a esta oficina u a otra tarea porque es una persona querida y con proyección e historia en nuestro partido”, agregó.
En cualquier caso, este jueves tendrá lugar la primera reunión de la Oficina del Cargo Popular para iniciar los trabajos con el personal adscrito. Se avanzará en el reglamento para que pueda ser aprobado en el próximo Comité Ejecutivo que también decidirá quién es el sucesor de Cobo en este puesto, teniendo en cuenta que no puede ser una persona que ejerza actualmente algún cargo.
Con este nuevo órgano especializado, el PP pretende dotar al partido de las herramientas necesarias para realizar un “efectivo” control interno a través de distintos mecanismos que permitan poner el foco en la “prevención” de la corrupción. A pesar de ser un compromiso expresado en diciembre, su aprobación tuvo lugar tras varias semanas de tensión por los distintos escándalos de corrupción.
Corresponderá a la Oficina del Cargo Popular supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, aprobar el formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de Patrimonio, conservar la documentación requerida para acceder a un cargo público u orgánico, así como la gestión de los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos.
También se encargará de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, de garantizar la seguridad en el acceso y uso de los datos y de dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones. Además, para poder cumplir con sus funciones los miembros de este órgano podrán solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier cargo.