El director del SAE ratifica ante la juez Núñez su informe contrario al atestado de la UCO

Durante su comparecencia como testigo ante la juez María Núñez Bolaños, Julio Coca habría ratificado plenamente el contenido del informe elaborado por el Servicio Andaluz de Empleo, rebatiendo supuestamente diferentes aspectos del atestado de fecha 21 de enero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En dicho atestado, la UCO calculaba una cifra de aproximadamente 1.298 millones de euros para el valor de las subvenciones aún sin justificar en materia de ayudas a la formación profesional.

En este informe del SAE, firmado por el propio Julio Coca y ratificado ahora en sede judicial, especialmente ante las preguntas de la Fiscalía, el Servicio Andaluz de Empleo consideraba "erróneas" las conclusiones del atestado de la Guardia Civil, según publicaba Diario de Sevilla, y exponía que la tabla aportada por la Intervención de la Junta y usada para el citado atestado constituiría una "foto fija" del sistema contable en una fecha concreta sobre los pagos de las ayudas, por lo que se trataría de "meros apuntes en la contabilidad" y no cuantías "acumulables".

Según aquel informe del SAE, ahora ratificado por Julio Coca ante la juez María Núñez Bolaños, los datos correctos y oficiales más recientes, correspondientes a 2013, reflejarían "un total de 188 millones de euros cuyo plazo de presentación de justificación había vencido" en dicha anualidad. El informe en cuestión, eso sí, trata exclusivamente las ayudas concedidas por el SAE para la formación profesional, por lo que no aborda el estado de las ayudas concedidas en la materia por otros departamentos o áreas de la Junta de Andalucía.

Ante la juez han declarado, además, pero esta vez en calidad de investigados, el jefe de servicio de Formación en Cádiz, Antonio Juan Vidal Agarrado, y el director general de Formación, José Gutiérrez Muñoz. Ambos habían solicitado a la juez María Núñez poder declarar de manera voluntaria en sede judicial.

En el primero de los casos, el de Antonio Juan Vidal, fuentes del caso han informado de que habría admitido que la Intervención General de la Junta habría puesto en efecto "reparos" a algunas de las justificaciones tramitadas por su área respecto al gasto de las subvenciones concedidas en materia de formación profesional, toda vez que en paralelo habría manifestado que la Intervención señaló también determinados gastos que a juicio de esta alta instancia supervisora no deberían haber gozado de subvención, siempre en el marco de las ayudas a la formación profesional.

Durante el presente mes de abril, y dentro de la pieza separada que afecta al SAE, la magistrada ha tomado declaración como testigos a los interventores de la Junta en las provincias de Jaén, Pedro González Gámez; Málaga, Juan José Delgado Utrera; Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez; Almería, Juan José Castillo, y a la interventora de la Junta en Cádiz, Nieves Chao Serrano.

El interventor de Córdoba, Antonio Escudero Miralles, ha sido citado para el 17 de mayo, mientras que el 14 de junio le tocará el turno a la interventora provincial de Sevilla, Victoria López Gutiérrez.

En general, los interventores de la Junta han asegurado que únicamente detectaron "irregularidades administrativas" y no delitos.

Los últimos en comparecer, el 21 de abril, fueron los interventores de la Junta en Jaén y en Málaga. Éste último indicó que "no tiene elementos de juicio para determinar si había una trama para malversar", de manera que lo que él detectó fueron "irregularidades administrativas", pues "si hubiera observado indicios de delito lo hubiera denunciado".

De su lado, el interventor de la Junta en Jaén subrayó que "las irregularidades detectadas son solo de carácter administrativo", pues "si hubiera observado irregularidades penales las hubiera denunciado". "Si hubiera detectado alguna irregularidad grave la hubiera puesto de manifiesto", puntualizó.