LA OCU ESTIMA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE EL BONO SOCIAL SUPONDRÁ LA DEVOLUCIÓN DE 360 MILLONES A LAS ELÉCTRICAS

- Pide que no sean asumidos por los consumidores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que, en la práctica, la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el bono social de la electricidad supone la devolución de aproximadamente 360 millones de euros a las compañías eléctricas.
En una nota de prensa, la OCU destaca que la sentencia no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España, ya que la normativa europea recoge de forma expresa que en “aras del interés general” sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público.
Por ello, pide revisar los criterios de reparto para que cumplan los de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.
Además, denuncia que las sentencias ponen de manifiesto “una vez más la pésima regulación del sector eléctrico” que tiene consecuencias muy negativas para los consumidores.
Asimismo, demanda una reforma urgente del bono social para que se adecúe a los criterios que establece la normativa europea, evitando que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.
“FRACASO MODELO ENERGÉTICO”
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) considera que la sentencia “deja en evidencia el fracaso del modelo energético que mantiene el Gobierno, heredero de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad”.
“La decisión del alto tribunal vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados”, añade Facua en un comunicado.
Además, recuerda que es la segunda vez que el Supremo falla contra el sistema de financiación del bono social, ya que en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba (en vigor desde 2009) tuvo que ser modificado.
Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora se ha vuelto a anular.
Facua concluye que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es “un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social”.