La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha reclamado este martes a la Generalitat que devuelva 400.000 documentos que mantiene de forma indebida e "ilegal" en su poder tras ser enviados por error o en nombre de entidades que ya no existen, según ha dicho este martes el presidente de la entidad, Policarpo Sánchez.
En rueda de prensa, ha pedido una reunión con el presidente del Govern, Carles Puigdemont, para este viernes, en que tiene previsto entregar 32.000 firmas para pedir la devolución de documentos de familias, entidades y partidos de 23 provincias españolas que "no tienen nada que ver con la memoria histórica catalana".
En el origen del problema, ha situado un acuerdo político y no técnico en lugar de buscar un "acto de justicia", ha argumentado Sánchez, que ha dicho que los errores se remontan a enero de 2006, que es cuando tuvo lugar la primera transferencia de 'papeles'.
Además de traslados por error, también ha citado ejemplos de documentos de entidades que ya no existen como la desaparecida Asociación de Amigos de la Unión Soviética: "Por mucho tiempo que busquen no los van a encontrar. Han expirado los plazos para devolver esos documentos".
En este caso, ha pedido que se cumpla la ley y el fallo del Constitucional de enero de 2013, y que este documento vuelva al Archivo de Salamanca, y ha explicado haber detectado un caso de "fraude de ley" al entregarse al centro regional asturiano de Barcelona 'papeles' pertenecientes al PSOE de Asturias.
AL MENOS 200 FAMILIAS
Esta acción "ha ocasionado daño y dolor a 200 familias de toda España", ha declarado el presidente de la entidad, que ha localizado a al menos este número de familias --que no descarta que sean más--, y que ha llegado a la cifra de 400.000 documentos fruto de una estimación suya.
La estimación es la tercera parte de los entre 1.100.000 y 1.500.000 trasladados a la Generalitat, según Sánchez, que ha pedido "que nadie vea una postura anticatalanista" en sus demandas, que solo piden que se cumpla la ley y el Estado de derecho, ha dicho.
Ha puesto también el ejemplo de un certificado de trabajo de Guillermo Suils, relojero de la plaza del Sol, que nunca pasó por Catalunya, y cuyo documento se encuentra en el archivo catalán, ante lo que su hijo --con el mismo nombre-- ha pedido que éste sea retornado al Archivo de Salamanca.
CONCENTRACIÓN EN BARCELONA
"Yo no he venido a reclamarle los papeles catalanes a la Generalitat, sino a pedirle que cumpla ley y devuelva toda esa documentación mantenida indebidamente en su poder", ha subrayado Sánchez, que el viernes ha convocado una concentración en Barcelona.
"Detrás de esos papeles hay vida, historias desgarradoras, y esto ha ocasionado dolor y sufrimiento a familias de toda España.
Pedimos que todos esos documentos trasladados por error sean devueltos al archivo de donde no tendrían que haber salido", ha insistido Sánchez, que ha dicho que ha sido la inacción del Gobierno central la que le ha llevado a tomar cartas en el asunto.
PROCESO DE TRANSFERENCIA "CHAPUZA"
"Esto es una prueba más de la chapuza con la que se hizo todo el proceso de transferencia", ha subrayado el líder de la asociación, que ha lamentado falta de transparencia en todo el procedimiento.
Para esta exigencia, cuenta con el apoyo de PSOE de Salamanca, PP de Salamanca, Unidad Regionalista de Castilla y León, UpyD, Izquierda Unida de Salamanca, Foro Asturias, Círculo Cívico Valenciano, Vox Salamanca y Podemos.
La senadora Rosa Domínguez de Posada presentó recientemente en el Senado una moción en que instóo al Gobierno central a que pida a la Generalitat que devuelva los documentos que mantiene de forma indebida.
SIN COPIA COMPULSADA
Sánchez también ha criticado que se han devuelto "miles de documentos" sin dejar copia compulsada con el mismo valor que el origen, y ha anunciado una querella contra uno de los miembros de la Comisión Mixta -formada por Gobierno y Generalitat-- por delito continuado de prevaricación y estafa procesal y aportación de pruebas falsas.
La querella, que se presentará en mayo, se dirigirá a Severiano Hernández Vicente --máximo responsable de los archivos estatales de España-- al que acusa de solo digitalizar la portada de documentos enviados, y no haber realizado las copias compulsadas pertinentes, lo que convierten las copias en "incompletas e inválidas".
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